La decisión del Supremo deja ya una única salida a los condenados del 1-O: el indulto del Gobierno

La decisión del Tribunal Supremo de retirar el tercer grado y el 100.2 a los nueve condenados por sedición del 1-O, deja el indulto del Gobierno como única posibilidad real, y que podría darse en un plazo relativamente corto de tiempo, para salir de prisión. Así, Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat; los ex consellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, el ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consellera Dolors Bassa deberán esperar en prisión la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El motivo por el que sólo pueden conseguir la libertad con el indulto es que, aunque el Gobierno legisle de nuevo sobre el delito de sedición y traición, bajando las penas, ellos no podrán acogerse a ese cambio porque su condena incluye un segundo delito, el de malversación, que no va a sufrir ningún cambio en el Código Penal.

En derecho, existe la figura del indubio pro reo que es el principio jurídico que expresa la obligatoriedad de probar los hechos y que, en el caso de que esta prueba sea insuficiente para demostrarlos, la decisión judicial deberá favorecer al acusado del delito. Por lo que si, sólo estuvieran condenados por sedición, y el Gobierno reforma la tipicidad del delito, los reos podrían acogerse a lo más beneficioso para ellos. Pero, por desgracia para ellos, cuentan en su haber con un segundo delito muy grave: la malversación de caudales públicos.

Por tanto, la única salida es que cuando el indulto llegue a manos del Consejo de Ministros, la votación de los miembros les sea favorable. En el caso del indulto, podría ser total o parcial.

Así, si la reforma del Código Penal ya estuviera en vigor, con un indulto parcial con respecto al delito económico, los nueve presos podrían salir en libertad. Pero si cuando la medida de gracia llegue a manos del Gobierno, dicha reforma todavía no está aprobada, la única solución sería la concesión de un indulto total que afectara a ambos delitos.

TEDH

Si, finalmente, el Gobierno español decide no otorgar el indulto a los condenados, la única salida sería que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tumbe la sentencia del Tribunal Supremo. Pero esta vía también cuenta con un escollo importante, y es que los fugados, y ahora eurodiputados -el ex presidente Carles Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí y Toni Comín-, pueden perder su inmunidad. Y la perderían porque el Parlamento Europeo diga que los argumentos de los fugados, y que son los mismos que los que va a utilizar los condenados para el recurso del TEDH, no son válidos.

En ese caso, las posibilidades de que el TEDH emita una sentencia contraria a lo dicho por el Europarlamento son prácticamente nulas. De hecho, las fuentes europeas consultadas por OKDIARIO aseveran que la Eurocámara “no dirá que en España existe persecución del Estado por motivos políticos”.

Y ante tal tesitura, el abogado de los fugados, Gonzalo Boye, ha conseguido retrasar la segunda fase, de las cuatro de las que consta, del proceso de retirada de la inmunidad de los tres políticos catalanes. Tal como informó OKDIARIO en exclusiva, el letrado ha enviado cientos de documentos en catalán y castellano que han obligado a la Comisión de Justicia (JURI) a retrasar la comparecencia de Comín, Posatí y Puigdemont del 7 de diciembre a enero.

Pero las fuentes europeas consultadas explican que, pese al retraso, las posibilidades que tienen los tres políticos de conservar su inmunidad son escasas. De hecho, en la legislatura anterior, sólo cinco eurodiputados, de 55, consiguieron conservar su inmunidad, y los cinco lo lograron porque se pedía la retirada de este privilegio por unas declaraciones que habían realizado como representantes de la Eurocámara.

Amnistía

Con todo en contra, y pese a que pintan bastos para el futuro de los condenados, desde el independentismo afirman que no quieren un indulto, sino la amnistía, una medida que el Gobierno rechaza de plano, ya que el rédito político a pagar sería demasiado alto, pues se debería legislar y debatir en el Congreso de los Diputados, donde se verían obligados a defender un cambio tan mal visto por la ciudadanía como una nueva Ley de Amnistía.

Sin embargo, Pere Aragonès, coordinador nacional de ERC y vicepresidente del Govern, aseveró, cuando el Gobierno anunció que modificaría el Código Penal para reducir las penas por delito de sedición y rebelión, que “una amnistía no es la modificación del Código Penal”.