C’s exigirá que la Intervención nacional siga controlando las cuentas catalanas tras el 155
Ciudadanos pedirá el mantenimiento de la Intervención nacional en las cuentas catalanas tras el 155. El partido de Albert Rivera considera que no se puede devolver el control de las cuentas a una comunidad en la que se ha demostrado que hicieron saltar todos los mecanismos de supervisión para poder gastar dinero público en el golpe del 1-O. Por ello, C’s considera justificada la extension del control de todos sus gastos por los miembros de la Intervención Nacional.
Fuentes de Ciudadanos afirman que “no se puede repetir la escena de ver cómo una comunidad ha hecho saltar los controles para beneficiarse de partidas que iban destinadas a fines lícitos y han acabado en el 1-O”. Añaden que las dudas sobre el uso de los fondos procedentes del FLA han quedado constatadas por el juez y que, por lo tanto, es necesario adoptar esta medida.
La decisión del partido de Rivera coincide con el escrito del juez en el que acaba de poner en duda todo el sistema de control catalán del FLA durante los años 2016 y 2017 –tal y como ha adelantado OKDIARIO–.
El esquema de control de los gastos para garantizar que los fondos nacionales del rescate autonómico acababan en fines lícitos se ha basado en la supervisión inicial de la interventora catalana Rosa Vidal. Posteriormente el Estado comprobaba la asignación de los gastos, pero la primera responsabilidad era la de la Interventora General de la Generalitat de Cataluña. Y el juez acaba de ordenar que se “investiguen” todas las “autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos” de la “actual interventora durante los años 2016 y 2017”, tal y como recoge el documento judicial al que ha tenido acceso este diario.
Trabas de la Generalitat y la supervisora
La postura del juez y de Ciudadanos viene igualmente avalada por los informes de la Guardia Civil en los que los investigadores han dejado constancia de sus quejas por la falta de colaboración de la Generalitat en el envío de datos. El juez, de hecho, ante la evidencia de las protestas de la Guardia Civil, ha tomado la decisión de abrir en canal las cuentas de la Generalitat -tal y como adelantó este diario- y de someter a una investigación profunda todas y cada una de los “autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos sobre documentos en papel y de forma electrónica” realizados por Rosa Vidal.
El juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, además, remitió un reciente escrito en el que consideraba abiertamente que el referéndum ilegal del 1-O fue financiado con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Tal y como reflejaba el escrito del juez, resulta “evidente” que el importe destinado a la celebración del referéndum “debe atribuirse” al menos en parte al dinero obtenido de dicha línea de crédito estatal.
Así lo planteaba el juez en un auto en respuesta a la defensa de Josep María Jove, el que fuera número 2 del ex vicepresidente del la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras en la cartera de Economía, quien cuestionaba la falta de legitimidad de los Servicios Jurídicos del Estado en este asunto.
El auto, de 20 de enero, detallaba que la Comunidad Autónoma de Cataluña había recibido 6.664,8 millones de euros en año 2012, a los que siguieron 10.050,6 millones en 2013, 7.912,9 en 2014, 11.133,58 en 2015, 10.090,66 millones en 2016 y 7.757,2 millones de euros el año pasado.
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