El Constitucional anula la reprobación del Parlament catalán al discurso del Rey sobre el 155

El Pleno del Tribunal Constitucional ha sido unánime: la declaración del Parlament de Cataluña que -el 11 de octubre de 2018- reprobaba el discurso pronunciado por el Rey Felipe VI en favor de la aplicación del 155, es inconstitucional.

Así lo hacía público el Tribunal de Garantías en un fallo emitido este miércoles y donde acuerda, además, declarar nula dicha reprobación que, sin lugar a dudas, para los magistrados encargados de resolver la cuestión, buscaba desplegar efectos jurídicos y no meramente declarativos, como sostenían los separatistas en su defensa.

El Constitucional resuelve en sentido favorable el recurso del Gobierno, planteado contra dos de los epígrafes de dicha resolución. En concreto, las letras c) y d) del apartado 15 del epígrafe II de la misma. Ambas contenían un pronunciamiento formal de la cámara autonómica, en el que se reprochaba al Jefe del Estado el discurso institucional con el que se dirigió a la nación, tras el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, para dar luz verde al entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy para aplicar la norma constitucional y suspender, temporalmente, la autonomía de Cataluña.

Abogacía del Estado 

El Tribunal Constitucional respalda la tesis planteada en su recurso de inconstitucionalidad por la Abogacía del Estado.

Entiende el Pleno de magistrados que la cámara catalana carece de competencias sobre la forma de Estado y, por lo tanto, la extensión del pronunciamiento del Parlament desbordó sus atribuciones. Esto es, la Corona, como institución del Estado, es inviolable y no debe ser objeto de disputa dentro de una Cámara partidaria.

En la misma, se señalaba expresamente cómo el Parlament de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales «rechaza y condena el posicionamiento del Rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017».

Además, la Cámara regional catalana se ratificaba en su compromiso con la defensa de los «valores republicanos». Y, acto seguido, se postulaba en favor de abolir «una institución caduca y antidemocrática como la Monarquía».

En ambos casos se perseguían finalidades políticas y consecuencias jurídicas, sostiene el Tribunal Constitucional. Tal y como apuntaban los letrados públicos en su exposición jurídica sobre los hechos: “Una manifestación de la voluntad de la Cámara” y que encajaba «en el propósito definido del Parlament de Catalunya de subvertir el orden constitucional”.