Comunidades de PP y PSOE presionan al Gobierno para que permita los confinamientos domiciliarios

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 19/01/2021 20:35
  • Actualizado: 19/01/2021 20:35

La modificación del decreto del estado de alarma para adelantar los toques de queda, algo que genera un cierto consenso entre las comunidades autónomas y el Gobierno, puede convertirse en un nuevo foco de polémica entre las administraciones. Y es que varias autonomías maniobran, a pocas horas para la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad este miércoles, para obligar al Ejecutivo a incluir en la reforma la autorización de los confinamientos domiciliarios.

Dos comunidades presididas por el Partido Popular, Andalucía y Murcia, se han puesto al frente de esta rebelión frente a la negativa del Gabinete de Pedro Sánchez a atender a sus demandas. Se basan en los criterios de la mayoría de expertos que, desde hace días, recomiendan un nuevo confinamiento duro y corto para frenar la transmisibilidad del virus. Pero Andalucía y Murcia no están solas. En la reunión de este miércoles contarán con el apoyo de otros territorios, de distinto color político, para que su reivindicación sea de obligado cumplimiento.

Y es que a tenor de lo que dijeron en su día Sánchez y su ministro de Sanidad, Salvador Illa, las decisiones colegiadas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad son de obligado cumplimiento. Con ello obligaron a Madrid, antes de la aprobación de un estado de alarma específico para la Comunidad, a seguir las directrices que habían marcado Gobierno y comunidades socialistas en el marco de este foro de consejeros autonómicos. Ahora, esa beligerancia, les puede jugar en contra.

Si las comunidades que lideran esta maniobra logran la mayoría de los votos para dar luz verde a la medida, a Moncloa no le quedará otra que meter en la reforma del nuevo estado de alarma la cláusula que permita confinar en casa. Aunque esa mayoría no será fácil de conseguir, por la genuflexión de muchas comunidades socialistas a su líder, todo es posible. Fuentes de varias administraciones del PP, PSOE y partidos regionalistas, consultadas por este periódico, confirman que están estudiando su apoyo y que no lo descartan desde un principio.

Junto a Andalucía y Murcia, en la petición para facilitar las herramientas legales que permitan a las comunidades el confinamiento, se sitúan también Galicia y Castilla y León, todas ellas del PP. Otras regiones gobernadas por el PSOE, como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Canarias, mantienen conversaciones entre ellas para sumarse a la petición, dada la situación de gravedad extrema que tienen en algunos de sus municipios. Cataluña, con la coalición separatista de JxCAT y ERC, y el País Vasco, gobernada por el PNV, también valoran apoyar la medida.

Otras se han unido a lo largo del día, con lo que son ya 13 las comunidades y ciudades autónomas ser partidarias de recortar el toque de queda: Cantabria, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, y la ciudad autónoma de Melilla.

En Moncloa, que son conscientes de estos movimientos que se iniciaron a finales de semana, se activó este sábado y domingo una ronda de contactos por parte del ministro de Sanidad con todas las comunidades. En las llamadas que mantuvo Salvador Illa con los consejeros buscaba lograr un consenso respecto al toque de queda y frenar la modificación legal para los confinamientos, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere evitar a toda costa.

Desde el Ministerio de Sanidad, que ahora aceptan la reforma del decreto para ampliar los horarios de la restricción de movilidad nocturna, continúan defendiendo que «con las herramientas actuales, que son las que nos permitieron superar la segunda ola, es posible volver a vencer al virus». Hacen referencia a unas medidas que nunca han quedado claras, algunas de ellas incluso fueron fuertemente criticadas por el propio Gobierno, como la de las zonas básicas de Madrid, que nunca redujeron el número de incidencia por debajo de lo exigido por el propio Ministerio.

Sánchez e Illa, que no quieren asumir más desgaste en la gestión de la pandemia, mantienen todo el control en manos de las comunidades autónomas. Lo hacen así para cargar sobre ellas toda la responsabilidad de la toma de decisiones y de los errores que puedan cometer. Aunque el ministro dice a menudo que no quiere polemizar con las administraciones territoriales, por las múltiples diferencias que se hacen públicas, lo cierto es que tanto desde Moncloa como desde el PSOE sí se utiliza la gestión descentralizada para cargar contra algunos gobiernos regionales, como el madrileño, de Isabel Díaz Ayuso.

Pese a la cogobernanza que dice implementar el Ejecutivo en la gestión diaria del coronavirus, según las comunidades autónomas, lo cierto es que la coordinación entre el Ministerio y los territorios es muy limitada. Los gobiernos regionales lamentan que Moncloa no les ofrece el apoyo suficiente para actuar cuando y como lo consideran oportuno. Algunas de estas autonomías que maniobran para conseguir los confinamientos domiciliarios denuncian que el Gabinete de Sánchez les exige mejorar los datos de contagio sin ofrecerles todos los mecanismos existentes para conseguirlo.