Las comunidades del PP crearán oficinas para reducir a 3 meses el trámite de autorizar nuevas viviendas

Las comunidades gobernadas por el PP crearán oficinas específicas con el propósito de reducir a 3 meses el trámite de autorización para la construcción de nuevas viviendas. Esta es una medida de especial importancia y así lo destacan en conversación con OKDIARIO fuentes populares encargadas de la Declaración de Asturias, el documento suscrito este domingo en Oviedo por 14 barones del PP y su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Las fuentes consultadas explican que ahora mismo la construcción de viviendas pasa básicamente por tres fases: la de autorización, la de edificación y la de entrega de ellas. Es precisamente la primera, apuntan las fuentes, la de mayor complejidad por cuestiones burocráticas. De ahí que los barones del PP se hayan comprometido aquí a crear oficinas que agilicen los trámites de autorización (licencias, informes urbanísticos, medioambientales…). «Los informes que ahora tardan hasta nueve meses o un año, vamos a hacer todo lo posible para que estén disponibles en tres meses», subrayan las fuentes.

Estas nuevas oficinas específicas se crearán, según las fuentes del PP, dentro de las propias consejerías autonómicas que tengan la competencia de vivienda, o bien en «departamentos ad hoc», precisan las mismas fuentes.

El contenido de la Declaración de Asturias sellada este domingo en Oviedo por los barones del PP -tras el fin de semana de trabajo a puerta cerrada en un hotel de Colunga (Asturias)- alude así a esta cuestión. «Las comunidades autónomas -recoge el texto- designarán el órgano correspondiente, pudiendo definirse en el seno de una consejería o a nivel provincial, en atención al ámbito territorial del instrumento en tramitación».

Y subraya el documento: «El objetivo es reducir los tiempos de la emisión de los informes a la tercera parte de lo que viene invirtiéndose. Flexibilizar las legislaciones autonómicas de suelo y las normativas sectoriales para facilitar el planeamiento y gestión de nuevos desarrollos urbanos, con plena seguridad jurídica, pero con mayor agilidad».

Asimismo, los populares se comprometieron en este apartado a «solicitar a la Administración General del Estado la revisión de sus normativas sectoriales para agilizar la tramitación de instrumentos urbanísticos o de ordenación del territorio y vivienda, así como la emisión de sus informes sectoriales en plazo».

Junto a ello, también abogaron por «centralizar la gestión de los informes sectoriales preceptivos de competencia autonómica en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística».

Las fuentes del PP recalcan que el trabajo de estas oficinas facilitará actuaciones como la disposición de suelo para la construcción de viviendas asequibles. Y es que los barones populares se han emplazado a «movilizar suelo público, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda pública, social y asequible, en alquiler o en propiedad».

También han apostado por «movilizar parcelas de titularidad pública de carácter dotacional que los planeamientos hubieran destinado a dotaciones y equipamientos y que no hayan cumplido dicha función, lleven tiempo vacantes y puedan servir también a una finalidad pública como es incrementar la oferta de vivienda asequible».

De igual modo, los firmantes del PP acordaron «poner en el mercado parcelas de titularidad pública, obtenidas de las cesiones obligatorias de aprovechamiento lucrativo, para fomentar la construcción de viviendas en propiedad a precios asequibles»; así como «inventariar e incentivar la construcción en suelos reservados para vivienda protegida de titularidad privada, ofreciendo facilidades a promotores» e «impulsar el desarrollo de nuevos suelos urbanos y ampliación de las ciudades».

Los populares denunciaron de este modo «la gravedad» de la situación de la vivienda en España, agudizada por la pérdida de poder adquisitivo de las familias, el incremento de la población en riesgo de pobreza, la falta de oportunidades de los jóvenes y la inseguridad jurídica, recalcaron.

Viviendas para jóvenes

Pensando sobre todo en los jóvenes, los barones del PP prometieron para este colectivo una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 4% en la compra de un inmueble de segunda mano. También firmaron ampliar hasta los 40 años (desde los 35) los avales del 100% para la adquisición de vivienda. Según las fuentes del PP, los presidentes autonómicos han señalado que su disponibilidad presupuestaria no les permite extender estas medidas más allá de los jóvenes. El plan -pilotado por la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín- también incluye deducciones en el IRPF y otros incentivos fiscales en los impuestos de Sucesiones y Actos jurídicos documentados (AJD).

Con todo, el partido de Feijóo se congratuló de llegar a este «ambicioso» acuerdo, que se resume en disponer de más suelo para la construcción de vivienda asequible, fomentar la vivienda protegida y la vivienda en alquiler, facilitar el acceso a hipotecas, rebajar la fiscalidad, agilizar las tramitaciones para construcción y rehabilitación, y reforzar la lucha contra la ocupación ilegal.