El PSOE pide que la Audiencia rinda cuentas ante el TC por no colaborar con la ‘comisión Bárcenas’

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 12/12/2017 17:21
  • Actualizado: 12/12/2017 17:54

Los grupos de la comisión que en el Congreso investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular han acordado solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara un informe «sobre las acciones jurisdiccionales que, en su caso, pudiera ejercer el Congreso de los Diputados» tras la negativa de la Audiencia Nacional de remitir información alegando el secreto de los procedimientos.

La iniciativa, promovida por el PSOE y que ha sido rechazada por el PP, abre un posible ‘conflicto institucional’, al plantear que esas acciones puedan ser ejercidas «inclusive ante el Tribunal Constitucional, a los efectos de preservar las funciones constitucionales atribuidas a esta Cámara por los artículos 66.2 y 76 de la Constitución», según el texto del acuerdo, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Estos artículos determinan que las Cortes tienen la potestad de «controlar la acción del Gobierno» y que podrán «nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público». «Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación», se añade.

La diputada del PP y vicepresidenta de la comisión, Beatriz Escudero, ha rechazado la decisión que, ha advertido, plantea un «choque entre dos órganos, entre el poder legislativo y judicial e interfiere en el normal funcionamiento de la Justicia».

«Investigación paralela»

El pasado 22 de noviembre, la Audiencia Nacional denegó a la comisión la documentación relativa al sumario del ‘caso Bárcenas’, con carácter reservado hasta apertura de juicio oral, advirtiendo de que la «presunción de inocencia» de los acusados «podría verse comprometida» por una «investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal.». La Audiencia decidió que sólo se aportarán las resoluciones judiciales que se le soliciten y se rechaza entregar informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) que habían sido solicitados por los parlamentarios.

La documentación se refería a diversas piezas en las que se investiga la trama presuntamente corrupta de Francisco Correa y también a la causa sobre la posible financiación irregular del PP dada a conocer a través de los denominados ‘papeles de Bárcenas’.

El acuerdo contó con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que considera al contrario que sus compañeros que esta falta de colaboración con el Congreso es injustificada porque, entre otras razones, el objeto de la investigación parlamentaria no es ningún caso determinar responsabilidades penales, y las conclusiones a las que los diputados lleguen «dejan perfectamente incólume el derecho a la presunción de inocencia» de los investigados por la Audiencia Nacional.

Para la mayoría, «en ningún caso cabe confundir las nociones ‘publicidad’ y ‘difusión’ ni al socaire de la publicidad predicar el acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales que puedan poner en riesgo los derechos que asisten a los sujetos del proceso», en especial los acusados

Añade la Sala que la presunción de inocencia de estos últimos «podría verse comprometida por investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal y a la tutela de los derechos propios de la función judicial», más aún si se tiene en cuenta que los informes policiales y de la Intervención General solicitados «fueron rendidos bajo control judicial» y contienen datos personales a los que no deben tener acceso terceras personas.