El CGPJ pide a Catalá que aclare el «problema singular» del juez de ‘La Manada’

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José María Macías, ha respondido al ministro de Justicia Rafael Catalá asegurado que no le consta que el juez discrepante de la sentencia de ‘La Manada’ tenga «algún problema singular» tal y como ha dicho el ministro de Justicia, al que ha pedido que aclare esa información.

De esta manera se ha referido a las declaraciones efectuadas por el titular de Justicia, Rafael Catalá, que hoy ha afirmado que «cuando todos saben» que el juez Ricardo González «tiene algún problema singular», el Consejo General del Poder Judicial «debería haber actuado preventivamente» contra él.

«Nosotros no lo sabemos, pero desde el CGPJ nos gustaría mucho saber quiénes son esos que saben», ha subrayado Macías, que ha destacado que la obligación del ministro es colaborar con el «buen funcionamiento de la Justicia y con el Consejo».

Macías no ha querido valorar la sentencia del juicio de ‘la Manada’, que ha leído con «mucho detenimiento», y ha subrayado que ninguno de los tres magistrados que integraron el tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra hayan solicitado amparo o que se haya formulado alguna queja contra la sentencia.

«En el caso de que se llegara a formular alguna queja, examinaríamos si tiene que ver o no con el ejercicio de la jurisdicción o si se han extralimitado en ese ejercicio», ha aseverado.

Declaraciones que no ayudan

A su juicio, las declaraciones de Catalá no contribuyen a «la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia y del poder judicial, por lo que ha demandado al ministro que aclare «lo que ha querido decir para despejar esa duda» y ha afirmado que «seguro que nada más lejos de su intención que el haberla generado».

Tras expresar su «perplejidad» por las manifestaciones de Catalá, ha incidido en que la responsabilidad del ministro también estriba en decir que «en realidad no hay nada».

Macías ha confirmado que en los últimos 4 años el Consejo no ha incoado ningún tipo de expediente al magistrado González y ha recordado que «una vez que se ha impuesto una sanción y se ha cumplido, desaparece del expediente».

El magistrado fue suspendió por seis meses, en julio de 2001 y por retrasos injustificados y reiterados en sus funciones, al magistrado Ricardo Javier González.

La sanción, impuesta por falta muy grave, tuvo en cuenta que el magistrado necesitó más de dos años para resolver una causa de separación y divorcio, algo que ya le había sucedido anteriormente.

González fue multado por dilaciones en procedimientos de divorcio y separación de los que se había ocupado en los años 90.

En opinión del vocal del CGPJ, estas dilaciones se pueden producir por «situaciones personales, problemas en el funcionamiento de los órganos, saturación en el trabajo, e incluso por el carácter de jueces puntillosos».

Ha recordado que el CGPJ está dotado con unos mecanismos de control de la actividad no jurisdiccional y ha insistido en que no ejerce tutela ni control preventivo sobre como se dictan las sentencias, sino que se limita al correcto funcionamiento de los órganos.

Para ello, el Consejo está dotado de un servicio de inspección que en el caso de queja verifica si los órganos están funcionando mal o bien y en el caso de que se detecte una mala praxis, una comisión disciplinaria se encarga de imponer sanciones.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas pueden ir desde una advertencia hasta la separación del servicio de los jueces.