El CGPJ convoca tres plazas de magistrado para la Sala Segunda del Tribunal Supremo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial CGPJ ha acordado hoy la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado BOE de tres plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, correspondientes a las vacantes producidas por el fallecimiento de José Manuel Maza Martín y por el nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón y como fiscal general del Estado de Julián Sánchez Melgar.

 Las tres plazas corresponden al turno de especialistas, que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reserva –según lo establecido en la letra a) de su artículo 344- a los magistrados “que hubieren accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal o que las superen ostentando esta categoría”. 

La Comisión Permanente ha acordado abrir la convocatoria tanto a los magistrados que cumplen ese requisito como a los que reúnen los establecidos por la disposición transitoria duodécima de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya utilizada anteriormente –por ejemplo, al anunciar la plaza para la que resultó elegido José Manuel Maza- y que permite proveer las vacantes que se produzcan en las Salas del Tribunal Supremo con magistrados “que hubieren prestado diez años de servicios en órganos especializados en el orden jurisdiccional propio de la Sala de que se trate”.

La razón es el escaso número de potenciales candidatos que resultaría de limitar la convocatoria a quienes accedieron a la categoría de magistrado mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal convocadas en su día.

En la actualidad, solo doce magistrados cumplen ese requisito, de los que dos ya tienen la condición de magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena y el propio Julián Sánchez Melgar, y otros cuatro sirven en órganos de la jurisdicción civil. Serían por tanto seis los posibles aspirantes a las plazas.

En la convocatoria de las tres plazas anunciadas podrán participar tanto los magistrados que se encuentren en esa situación como los que hayan prestado diez años de servicios en órganos especializados en el orden jurisdiccional penal. En ambos se exige una antigüedad mínima de diez años en la categoría de magistrado y de quince en la Carrera Judicial.

En las bases de la convocatoria se hará también referencia a las pruebas de especialización en el orden penal que fueron anuladas por el Tribunal Supremo en 2013, en el sentido de que podrán ser apreciadas como un mérito cualificado en el caso de los magistrados que las superaron.

En el caso de las vacantes producidas por el nombramiento para otros cargos de Cándido Conde-Pumpido y de Julián Sánchez Melgar, la plaza se ofrece mientras sus titulares continúen en la situación de servicios especiales, dado que no es probable el reingreso de ninguno de ellos al servicio activo a corto plazo. 

Más asuntos en la Sala Segunda

La cobertura de las tres plazas permitirá completar la planta de la Sala Segunda, que la ley establece en quince magistrados –incluido su presidente- procedentes de tres turnos distintos: seis del turno general, seis del turno de especialistas y tres del turno de juristas.

Actualmente, la Sala Segunda solo cuenta con doce magistrados –tres de ellos especialistas-, a lo que hay que añadir que el pasado 1 de octubre cesaron los cuatro magistrados eméritos que desempeñaban allí su función jurisdiccional.

 La disminución en el número de magistrados y la consiguiente necesidad de cubrir las vacantes fue puesta de manifiesto por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, en un escrito dirigido al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, del que la Comisión Permanente tomó conocimiento el pasado 26 de abril.

 Esta situación ha coincidido, además, con un incremento del 15 por ciento del número de asuntos ingresados en los dos últimos años. En ese periodo de tiempo también ha aumentado un 38 por ciento la cifra de asuntos pendientes y un 32 por ciento las causas en trámite contra aforados.