Cerdán se hace la víctima y acusa a la UCO de haberle seleccionado como objetivo para destruir su imagen

Santos Cerdán ha emitido este viernes un comunicado desde Milagro, Navarra, en el que rechaza de forma tajante todas las imputaciones que se derivan del caso Leire. En el texto, el político navarro denuncia que la Policía Judicial no investiga hechos delictivos concretos, sino que selecciona objetivos políticos previamente para luego dirigir operaciones destinadas a dañar su reputación.

Cerdán sostiene que el objetivo real de estas actuaciones no es investigar delitos, sino «destrozar personas», destruyendo «el prestigio, el nombre y la honorabilidad de determinados ciudadanos que sectores del Estado perciben como molestos». Reivindica su inocencia y «la necesidad de proteger su presunción como un valor esencial en una sociedad democrática».

El comunicado llega tras semanas de intensa presión mediática desatada a raíz de actuaciones judiciales practicadas desde el pasado 27 de mayo. Desde entonces, según explica el propio Cerdán, «vienen publicándose el contenido de atestados de la UCO y de resoluciones dictadas en el marco de este expediente judicial» que le atribuyen «todo tipo de actuaciones, presiones, injerencias y manipulaciones en el marco de una supuesta trama delictiva».

Ante ello, Cerdán ha expresado «la más absoluta y radical negativa de cualquier hecho delictivo» que se le atribuya en este procedimiento.

El político, que fuera secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez hasta su dimisión por el escándalo, asegura que no existe «relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad», con el llamado grupo «Hirurok» ni con ninguna otra trama investigada, y que tampoco existe «mensaje o comunicación alguna emitida» por su persona que permita sostener esa vinculación.

Como ha publicado este viernes OKDIARIO, la Justicia investiga el cobro de al menos un millón de euros desde esa trama procedentes del rescate de Tubos Reunidos, contratos a Forestalia y otras operaciones de Cerdán, Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y Antxon Alonso.

Cerdán recuerda que fue citado «como testigo» por parte del magistrado Arturo Zamarriego, de Plaza Castilla sobre «los mismos hechos» que ahora son objeto de las diligencias previas de Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

No obstante, según las fuentes consultadas por este periódico se está avanzando en que Zamarriego pase su causa a Pedraz. Lo mismo con el juzgado de Teruel que investiga el caso Forestalia.

Cerdán dice que, tras meses de instrucción en ese primer procedimiento, «en ningún momento se planteó cambio» de su estatus procesal. La pregunta que lanza al vacío es: ¿por qué una segunda investigación paralela sobre los mismos hechos?

La sombra del ‘caso Koldo’

El comunicado no evita referirse al pasado reciente. Cerdán recuerda que «hace justo un año» fue objeto de «una campaña mediática parecida» impulsada por otra actuación de la misma unidad de la Policía Judicial –en referencia a la UCO–, que «comportó incluso» su ingreso en prisión bajo la acusación de haber cobrado «un mínimo de 5 millones de euros».

Una acusación que, según señala, debía justificarse con un informe patrimonial que, un año después, «no ha sido emitido todavía por los expertos de esta unidad de la Policía Judicial».

Es en este punto donde el político elabora su tesis más incisiva: la Policía Judicial utilizaría una «metodología inversa» —sus propias palabras— que consiste en seleccionar objetivos y luego dirigir «operaciones abiertas contra ellos con la finalidad de encontrar algo que pueda servir para ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública».

Y añade: «Sólo así se puede entender que mi nombre vaya circulando sucesiva y progresivamente en distintos temas (primero mascarillas, después obra pública, después financiación ilegal del partido, ahora Hirurok, Sepi y lo que haga falta)».

Cerdán anuncia que «seguirá sin atender a las peticiones de preguntas de medios de comunicación en plena calle o en la puerta de su casa», añadiendo que ello debería bastar para «evaluar la necesidad de acosarle, a él y a su familia, permanentemente cámara en mano».

La causa judicial sigue abierta. Los atestados de la UCO en marcha. Y Santos Cerdán, desde un pueblo de menos de 4.000 habitantes en la ribera navarra, ha optado por el papel antes que por el micrófono.