Carmena da un contrato a dedo de 20.000€ a un okupa para el proyecto de la comuna de San Blas

El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado a dedo un contrato menor de 20.207 euros (IVA incluido) –al límite de la cantidad máxima que marca la ley– para el desarrollo del proyecto inicial del ARTE-facto de San Blas, es decir, la comuna que quiere construir en ese distrito.

Se trata del arquitecto de cabecera de Podemos. A él se le encargó las reformas de la sede de La Morada. Su empresa fue condenada por impago al personal, tal como contó este diario. Igualmente, ha tendido un total de 25 incidencias con la Seguridad Social, tal como atestigua nueva documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Como ha podido saber este periódico, el área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, que lidera el concejal con pasado okupa Nacho Murgui, firmó este contrato menor el 19 de agosto de 2016. En la presentación de las comunas, a preguntas de la prensa, confirmó que esta empresa se hizo cargo del desarrollo de este proyecto para el barrio de Las Rejas.

Juzgado por usurpación

El arquitecto de nombre Pablo Rodríguez además de ser condenado por impago al personal cuando su empresa cerró, también fue juzgado por delito de usurpación en 2005. Perteneció a un colectivo del movimiento okupa. Así se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Finalmente fue absuelto aunque miembros de plataforma admitían en vídeos que publicaron en Internet que okuparon ese inmueble del que finalmente fueron desalojados por la policía.

El juez, en su sentencia, declara «probado que en la noche del 8 de septiembre de 2002 centenares de personas pertenecientes o simpatizantes del conocido, por autodenominado como ‘Movimiento OKUPA’ se introdujeron en el edificio abandonado de la antigua imprenta ‘Samarán’ rompiendo los candados».

Un edificio «en la que habitaba de 1982 a 2001 una familia de antiguos trabajadores de la imprenta que hacía tareas de vigilancia no retribuidas».

Local que fue okupado por el arquitecto en 2002.

En su empresa anterior, Rodríguez fue condenado con más de 7.000 euros por impago a los trabajadores. Como explicó el arquitecto a este periodista fue porque la empresa quebró y esa cuantía la asumió el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

63.183 euros en incidencias

Además, como revela ahora este periódico, la empresa acumuló 25 incidencias en la Seguridad Social por un importe de 63.183 euros además de 4 incidencias con la Administración Local y 3 en los Juzgados de lo Social.

En un documental sobre esa okupación que denominaron ‘El Laboratorio III’ aparece el arquitecto divagando en varias asambleas realizadas por los participantes de este colectivo. Consideraban que un cambio de gobierno en las elecciones locales y autonómicas que se iban a desarrollar en 2003 les daría luz verde para permanecer en el inmueble hoy derruido. Acerca de entablar relación con el PSOE dicen que «suficiente jaleo tenemos con Izquierda Unida para hacernos la foto ahora con el PSOE».