Las caóticas cuentas de Sánchez: ya ha gastado 111.000 millones con cargo a 2025 sin tener Presupuestos

Pedro Sánchez es el presidente de la historia democrática española que más gasta con cargo a años futuros

Sánchez cuentas
Roberto Pérez
  • Roberto Pérez
  • Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.

El Estado comienza el año sin Presupuestos, pero Sánchez ya se ha gastado con cargo a esas inexistentes cuentas más de 110.000 millones de euros. Es el gasto público que ha ido acumulando para que sea pagado en este recién estrenado ejercicio. Todo ese dinero se lo tendrá que pagar a prestamistas, proveedores y empleados públicos. Es un gasto que ya se ha producido, pero en vez de pagarse en el momento se aplazó. Y ahora toca saldarlo.

Aún no había acabado 2024 y el Gobierno de Sánchez ya llevaba gastados con cargo a 2025 un total de 111.000 millones de euros. Así queda reflejado en informes oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO, elaborados a partir de los gastos aplazados para 2025 que se acumulaban a 30 de noviembre de 2024. Así que el agujero todavía puede ser mayor, porque a esa cifra habrá que sumarles los gastos realizados por el Gobierno de Sánchez en diciembre a cuenta de los inexistentes Presupuestos Generales del Estado de 2025.

Aplazar gastos es una norma contable habitual tanto en empresas como entre particulares y administraciones públicas. Lo que no es habitual es acumular tal volumen de pagos pendientes como el que amontona Pedro Sánchez, que se ha convertido en el presidente que más gasta con cargo a años futuros. Es decir, el que más está hipotecando a la economía española, a los contribuyentes, en definitiva. Y menos aún sin contar con Presupuestos al día.

Gran parte de esos más de 110.000 millones que ya ha cargado a las cuentas de 2025 se los gastó en 2024, pese a saber con muchos meses de tiempo que no iba a poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 en tiempo y forma, al no contar con el apoyo de todos sus socios de los que dependen para mantenerse en el poder.

Sueldos, deuda, subvenciones…

En concreto, de los al menos 111.000 millones de euros en facturas por gastos ya realizados y que tendrá que abonar en 2025, 37.000 millones los consumió en 2024. El resto, unos 73.000 millones, los endosó a 2025 en los ejercicios previos, entre junio de 2018 –cuando llegó al poder– y el 31 de diciembre de 2023.

En total, los gastos gubernamentales realizados en el pasado con cargo a las cuentas de 2025 rondan los 200.000 millones de euros. De ellos, como se ha indicado, 111.000 han sido provocados exclusivamente por la gestión económica del Gobierno de Sánchez. Otros 86.500 millones fueron efectuados con cargo a 2025 por ejecutivos anteriores, del PSOE y del PP, pero en estos casos se corresponden simplemente con los plazos ordinarios de amortización de la deuda pública. El problema es que desde que gobierna Sánchez, el saldo de gastos aplazados –con prestamistas y proveedores– se ha disparado a niveles desconocidos.

Sin Presupuestos al día, lo que ha obligado a Sánchez a prorrogar las cuentas de 2024, aún no había empezado este recién estrenado 2025 y ya había aplazado una larga lista de gastos de lo más diverso con cargo al nuevo año. La partida más gruesa es la deuda que tiene que el Estado tiene que devolver a sus prestamistas a lo largo de este 2025 (amortizaciones) y los intereses que les tendrá que pagar a los que todavía tienen créditos vivos concedidos al Estado. Pero el Gobierno de Sánchez también ha acumulado decenas de millones de euros en gastos de personal cuyo pago aplazó a este 2025, así como subvenciones concedidas hace meses y que en vez de pagarlas en el momento aplazó su abono para este nuevo año, y un gran volumen de facturas por gastos corrientes en bienes y servicios, y por inversiones en infraestructuras y equipamientos cuyo pago se aplazó.

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