Casado exige a Sánchez que se respeten las sentencias que obligan a enseñar en español
El Gobierno abandona a la familia de Canet de Mar linchada por pedir clases en español para su hijo
La Generalitat dice que el niño que pide clases en castellano «vulnera el derecho del resto de familias»
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado de «escandaloso» el señalamiento a la familia de Canet de Mar (Barcelona) que ha logrado que la Justicia reconozca el derecho de su hijo a recibir un 25% de las clases en español. El separatismo ha iniciado una campaña de acoso contra el pequeño, de cinco años, y sus padres.
«Es escandaloso que se haya señalado a la familia de un niño por pedir que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y se le pueda educar, al menos, en un 25% en español», ha señalado Casado desde Uruguay, donde se ha reunido con el presidente del país, Luis Lacalle Pou. «¿Cómo es posible que lo intenten prohibir en una parte de España?», se ha preguntado.
El líder del PP ha pedido al Gobierno que «sea firme a la hora de exigir el cumplimiento de las sentencias judiciales porque, si no lo hace, no estaría cumpliendo con su obligación» y ha recordado a Sánchez que cuenta con el apoyo del PP para llegar hasta las últimas circunstancias si la Generalitat se declara en rebeldía.
La familia de la escuela Turó del Drac, ubicada en la localidad barcelonesa de Canet de Mar, reclamó a la Justicia que su hijo recibiera parte de sus clases en castellano. El Tribunal de Justicia de Cataluña impuso medidas cautelares que obligan al centro -a partir de este jueves- a que el 25% de las clases se impartan en español, como ya ratificó hace unas semanas el Tribunal Supremo.
Sin embargo, el separatismo catalán se ha movilizado en redes sociales para acosar a esta familia y señalarla con insultos. «¡Me apunto a ir a apedrear la casa de este niño! Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian», es uno de los mensajes que se han difundido por las redes sociales.
La reacción del Gobierno español ha sido tibia. Este martes, la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, dijo reprobar «cualquier acción de acoso» contra la familia, pero al mismo tiempo admitió desconocer los detalles del caso.
«Desconozco los detalles de las personas que fueron los demandantes y la cuestión del niño, en cualquier caso, de ser así, por supuesto, hay que reprobar cualquier acción de acoso, es intolerable, y esa sería la posición del Gobierno, pero desconozco los detalles», precisó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Desde la Generalitat se ha instado a los separatistas a protestar contra la decisión judicial. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, consideró que la resolución es «una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro». Plaja criticó «que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es, por lo menos, sorprendente». La Generalitat se ha negado a acatar las resoluciones de los tribunales que obligan a impartir el 25% de las clases en español.
Este jueves, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, se reunirá con la dirección y las familias de la escuela donde estudia el pequeño acosado, pero lo hará para apoyar las reivindicaciones de las familias contrarias a la decisión judicial. La secretaria general de la consellería de Educación, Patricia Gomá, ya instó a las familias de la escuela a «hacer público su rechazo».
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