Bronca en el Consejo de Ministros: Díaz rechaza devolver a los ilegales que se hacinan en Canarias
La decisión de Marlaska no cuenta con el respaldo de todo el Consejo de Ministros
Con un flujo de 500 ilegales al día, la situación en Canarias puede superar los 31.678 inmigrantes durante la crisis de 2006
Con la situación en islas como El Hierro al límite por la avalancha migratoria sin control, los ministerios de Migraciones y del Interior ya trabajan en un plan de devoluciones que rechaza Sumar. Con bronca y reproches «subidos de tono» en el Consejo de Ministros de este martes entre ambas partes de la coalición, Yolanda Díaz y Ione Belarra acusan al PSOE de «vulnerar sistemáticamente los derechos humanos» de los inmigrantes.
La decisión que ha tomado el ministro del Interior, con el respaldo de Pedro Sánchez, es la de devolver a sus países de origen a los inmigrantes, mayoritariamente al Senegal -un 90% de los que han llegado-. Una medida que ha enfrentado a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y a la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra con Marlaska en la previa del Consejo de Ministros.
«Ha habido bronca», explica otra ministra al término del Consejo de Ministros que, como cada semana, se reunió este martes. La cuestión, coinciden fuentes de ambas formaciones que forman el Gobierno, «puede generar fricciones» de cara a la negociación de la investidura. Sumar quiere «garantías de respeto» hacia los inmigrantes.
Más de 500 inmigrantes ilegales llegan cada día a Canarias, una cifra récord desde la crisis de 2006, aprovechando la calma de las aguas y como consecuencia de la inestabilidad política en origen. Un flujo que de mantenerse así hasta finales de año haría superar las 31.678 personas que llegaron a las Islas durante el año 2006, cuando se produjo la conocida crisis de los cayucos. En las últimas semanas, se han interceptado 11.000 salidas, que convierten esta nueva crisis en un desafío sin precedentes desde hace casi dos décadas.
Una situación que Canarias considera «insostenible» y que ha encendido las alarmas a nivel de distintas administraciones. Excepto en Sumar, que pide a sus socios de Gobierno «comprensión» con la situación de los ilegales. Díaz y Belarra reprocharon a Marlaska el «trato inhumano» y «el incumplimiento flagrante de los derechos» de estas personas, por «no recibir la atención que esperan del Estado español».
En la actualidad hay entre 1.200 y 3.000 personas procedentes de las costas de África en situación irregular en las Islas Canarias. Todos ellos, según los planes que maneja Interior, serán retornados en vuelos charter que fletará el Gobierno de España y que irán despegando desde los aeropuertos de Tenerife y Gran Canaria en las próximas semanas.
El primero se espera que lo haga a lo largo de este mes de octubre, con un 70% del pasaje de irregulares y un 30% de agentes de la UIP de la Policía para evitar incidentes durante el viaje. Los primeros en retornar serán los que llegaron entre los meses de julio y agosto con destino a Dakar -la capital del Senegal-.
Fuentes del Gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria y el Partido Popular, opinan que el Ejecutivo de Sánchez va con retraso. En el gabinete que preside el nacionalista Fernando Clavijo consideran que «es una vergüenza y una muestra más del poco interés que tiene por esta tierra» Pedro Sánchez. Lamentan que «Canarias sólo le ha valido y le vale de photocall para fotos como las del volcán». Denuncian que «es indignante que ante la mayor crisis migratoria que estamos sufriendo no lo asuma como un asunto de estado y entre otras cosas designe un mando único».
Devolución de inmigrantes
Tanto con Senegal como con Mauritania, los dos principales emisores de inmigrantes irregulares, España tiene un convenio de devolución que ampara la actuación prevista por Marlaska y criticada por Díaz y Belarra en el Consejo de Ministros.
En base a dichos acuerdos, todos los inmigrantes que entran a nuestras fronteras de forma no autorizada son susceptibles a ser devueltos a su país. Sólo se salvarían de ello aquellos que, como niños, ancianos, enfermos o posibles beneficiarios de asilo o refugio, acrediten su situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo dispone de 48 horas, una vez se notifique la devolución a ambos países, para completar los vuelos de vuelta.
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