España
'Caso Begoña'

Begoña se autoincrimina por error: admite ante el juez que la directora de Moncloa trabajaba para ella

Su defensa entrega al juez varios correos que demuestran que utilizó a la asesora de Presidencia

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La defensa de Begoña Gómez ha entregado al juez Juan Carlos Peinado varios correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, ejercía como su asistente personal en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Un error de bulto que supone de facto la autoinculpación de la mujer de Pedro Sánchez en la utilización de un cargo público de Moncloa para sus actividades profesionales privadas.

La esposa de Pedro Sánchez está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos dos últimos delitos están relacionados con el registro a su nombre de la marca TSC Transformación Social Competitiva, que ofrecía una plataforma para empresas idéntica a la de desarrollada para la Complutense, financiada por la Universidad y por varias empresas y propiedad de la institución pública.

El juez Peinado pidió indagar en si había intrusismo en el hecho de que Gómez elaborara los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte de la Complutense, del servicio de asistencia y asesoría para esta plataforma.

Correos de Cristina Álvarez

En su defensa, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado varios correos para tratar de demostrar que no hubo apropiación indebida, sino que los asuntos relativos a esta plataforma se pactaron con la Universidad.

En concreto, un correo de mayo de 2023 enviado por la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, en el que se adjunta un pliego de prescripciones técnicas para contratar un servicio para la plataforma.

Entre los mails aportados se confirma por tanto que Cristina Álvarez directora de Programas de Presidencia, en realidad trabajaba como secretaria personal de Begoña Gómez, pese a estar contratada en Moncloa y pagada, por tanto, por dinero público.

Como se ha publicado, Álvarez se encargaba de gestionar el día a día de la cátedra, estaba al tanto de la incorporación de las distintas empresas al convenio y organizaba actos en los que participaba Gómez.

La directora de Moncloa se encargó además de instar a la empresa Reale Seguros, uno de los patrones de la cátedra, a seguir financiandola: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», exponía Álvarez en un correo remitido desde su cuenta privada a la directora de Comunicación y Reputación Corporativa de esta empresa, Pilar Suárez-Inclán.

Begoña Gómez y Cristina Álvarez mantenían una relación estrecha. Como reveló este periódico, ambas se conocían desde que coincidieron en la consultora Inmark.

Álvarez dejó la consultora en 2007 y en 2018, gracias a ocupar Pedro Sánchez la Presidencia del Gobierno, el matrimonio se la llevó a trabajar en Moncloa. Gómez se dirige a ella en los correos como «mi compañera».

En concreto, Cristina Álvarez y Begoña Gómez se conocen desde los años 90, cuando la mujer de Sánchez empezó a trabajar en esta consultora de marketing. Gómez trabajó para Inmark casi veinte años, ocho de ellos junto a Álvarez. Begoña se ocupaba de las estrategias de los equipos en España y Portugal, mientras que Cristina era la gerente.

Además, según varias fuentes consultadas, Pedro Sánchez dirigió un proyecto en esta empresa durante los meses en los que perdió su escaño en el Congreso.

Declaraciones

El abogado de Begoña Gómez ha pedido al juez que cite a declarar como testigos a otros cuatro cargos de la Complutense: María José Sánchez Rosales y Carmen Mitxelena Camiruaga, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM; a María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad; y a Zulma Escalante, codirectora del Máster de Fromación Permanente Sostenibilidad ESG.

La defensa también ha reclamado al magistrado que llame a declarar a María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI).