La Audiencia retrata a Marlaska: revoca la libertad de un etarra con riesgo de «reincidencia medio alto»

Nuevo batacazo de la Audiencia Nacional al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la concesión de la semilibertad a los presos de ETA. Tras conocerse un informe de la Guardia Civil sobre los contactos extraoficiales del Gobierno con el entorno de la banda terrorista, la Audiencia Nacional –la que fuera su antigua casa– ha revocado el tercer grado al etarra Íñigo Gutiérrez Carrillo, que llevaba en libertad desde diciembre, por riesgo de «reincidencia medio alto». Este es el tercer etarra al que la Audiencia Nacional devuelve a la prisión tras gozar de libertad concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez sin mostrar siquiera arrepentimiento.

Íñigo Gutiérrez Carrillo ingresó en prisión el 27 de julio de 2008 y cumple una condena de 14 años por los delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas y municiones. Este etarra se sentó en el banquillo de los acusados en el juicio por el atentado con coche-bomba contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Calahorra (La Rioja), el 21 de marzo de 2008. Sin embargo, la Audiencia Nacional le absolvió «al no haber quedado suficientemente probada su intervención en el atentado».

El 27 de diciembre Marlaska le concedió la semilibertad en contra de la Junta de Tratamiento. El auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que la prisión de Aranjuez propuso por “unanimidad el segundo grado en atención al siguiente argumento: la gravedad de los hechos delictivos, la ausencia de permisos de salida, junto con el resto de los factores hacen pensar a la Junta de Tratamiento que el régimen ordinario es, en este momento, el que mejor se adapta a las características del penado». Además, según señala el juez José Luis Castro, se ha concedido la libertad al etarra «siendo el pronóstico de reincidencia medio alto».

A todo ello se suma que el miembro de ETA tampoco se ha mostrado arrepentido. La exigencia del perdón es uniforme en la doctrina de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y las cartas no se ajustan a sus criterios. La carta presentada por Gutiérrez Carrillo no contiene una petición de perdón expreso a las víctimas de sus acciones. El condenado expresó: «Mediante el escrito vengo a realizar ante la Junta de Tratamiento de este C.P Madrid VI una declaración en la que quiero manifestar mi compromiso inequívoco con las vías pacíficas y democráticas como único medio válido para solucionar la controversia política, siendo mi voluntad apostar por recorrer el camino de la legalidad penitenciaria. Del mismo modo, quiero manifestar el reconocimiento del daño causado, así como mi empatía con el dolor de todas las víctimas».

Este no es el único beneficio que Marlaska concedió a este etarra. Durante el estado de alarma, en mayo de 2020, el Ministerio del Interior autorizó de manera extraordinaria a sus familiares para que le visitaran en la cárcel valenciana de Picassent donde cumplía parte de su condena. La cartera de Grande-Marlaska le proporcionó un salvoconducto a la madre y cuñado de Gutiérrez Carrillo para que viajaran en vehículo desde Getxo a Valencia tras el fallecimiento del padre del miembro de la banda terrorista. Esta comunicación se realizó de manera excepcional dado que el estado de alarma no permitía desplazamiento entre comunidades autónomas. Funcionarios e internos consideraron que este privilegio suponía un trato de favor hacia un condenado, que discriminaba al resto de los reclusos.

El fiscal que ha recurrido la semilibertad de este recluso es Carlos Bautista. El mismo al que la fiscal general del Estado y ex ministra socialista, Dolores Delgado, tiene en el punto de mira por tumbar los beneficios penitenciarios concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los etarras.

Con ayuda de Delgado

EH Bildu quiere que 2022 sea el año definitivo para los presos de ETA: culminar los traslados a cárceles vascas y avanzar en la puesta en libertad de más terroristas mediante la concesión del tercer grado. Pero hay una piedra en el camino de esa estrategia: los fiscales de la Audiencia Nacional, que han tumbado decenas de beneficios concedidos a los etarras. El objetivo último que tienen los de EH Bildu es acotar el margen de acción del fiscal que firma los escritos contrarios a los beneficios a presos de ETA: Carlos Bautista. Esos recursos llegaban a la Sala de lo Penal, que los respaldaba y confirmaba la anulación al entender que no había arrepentimiento real en los terroristas. Por tanto, no cabía concederles privilegios. El fiscal, que lleva en la Audiencia Nacional desde 2007, recibía en todas estas actuaciones el apoyo de su jefe, Jesús Alonso.

Los de Arnaldo Otegi han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que desactive a esos fiscales y no obstaculice los beneficios. Y la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado ya trabaja en ello. En la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya lo asumen: las presiones de Bildu a Sánchez han dado fruto. Y eso se traducirá en cambios próximamente. Lo que está por ver es el alcance de esos cambios. Pero, según admiten fuentes jurídicas a OKDIARIO, es probable que las decisiones de Delgado afecten al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

Todo ello se suma al sumario de la Guardia Civil que refleja las comunicaciones del Gobierno con el entorno de ETA. El Ministerio del Interior mantiene desde hace al menos tres años un canal soterrado de contacto con representantes del mundo proetarra al que concede un trato de favor con reuniones frecuentes e información privilegiada. Este canal de comunicación que incluye llamadas y mensajes a móviles personales sirve para compartir decisiones sobre presos de ETA y trasladar peticiones al responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, cargo de la máxima confianza del ministro del Interior.