La Audiencia Nacional se opone a la extradición del ex viceministro venezolano imputado en PDVSA

El Pleno de la Sala de lo Penal se ha opuesto a la extradición a Estados Unidos del ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas por blanqueo y sobornos de la petrolera venezolana PDVSA y que ha denunciado ser objeto de una persecución política.

La sección segunda de lo Penal ya acordó en diciembre no entregar a Alvarado a las autoridades norteamericanas, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió dicha decisión y ahora el Pleno ha resuelto ratificar la decisión inicial. La presidenta del Pleno, la magistrada Concepción Espejel, ha emitido un voto particular defendiendo la extradición del ex viceministro venezolano, según explican a OKDIARIO fuentes jurídicas.

El ex viceministro en el Gobierno de Hugo Chávez está siendo investigado por Estados Unidos por delitos de organización criminal y blanqueo en relación con delito de corrupción en los negocios. En España está investigado en la causa de PDVSA que instruye la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón.

Causa PDVSA

La sección segunda señaló en su auto que Alvarado tenía «cargos» en Bariven, una filial de PDVSA, donde habría cometido actos de corrupción por los que obtuvo beneficios que habrían sido, «al menos parcialmente, blanqueados en España a través de inmuebles y creación de sociedades», para apoyarse en la no extradición.

Esta causa inicialmente se investigó en el Juzgado de instrucción número 41 de Juan Carlos Peinado, que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. En el procedimiento también está imputado Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía de Venezuela con Chávez.

Este miércoles acudió a declarar ante la juez la mujer de Javier Alvarado, Ceciree Carolina Casanova, en el marco de la causa que investiga el saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin embargo, la declaración fue interrumpida porque fue citada en calidad de testigo y la magistrada estudia una posible imputación tras la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción.