Admitida a trámite la querella por malversación contra el vicepresidente de Vox en el Consell de Mallorca por el presunto uso fraudulento de coches oficiales

Un juzgado de Palma ha admitido a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), por un supuesto delito de malversación relacionado con el uso indebido de los coches oficiales. La querella, presentada a finales del pasado mes de octubre, tiene su origen en una denuncia presentada por el PSOE por el supuesto uso fraudulento de los coches oficiales de la institución insular.

Tras investigar los hechos denunciados, la Fiscalía consideró que existían indicios de delito suficientes como para presentar una querella por malversación, aunque los socialistas también apuntaban a otros de prevaricación y falsedad documental.

La denuncia sostiene que Bestard habría utilizado de forma sistemática y reiterada varios vehículos oficiales para fines privados, llegando incluso a disponer de algunos de ellos en exclusiva. Ahora deberá notificar a Bestard su condición de investigado, algo que, según fuentes cercanas al vicepresidente, todavía no ha sucedido, y citarle a declarar.

Siguiendo los procedimientos habituales, también se dará la oportunidad al Consell de Mallorca para que decida si se persona como perjudicado en la causa judicial. El PSOE también está estudiando si puede personarse en la causa.

Los socialistas, en su querella, acusaron al también conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes de utilizar de manera sistemática y reiterada tres vehículos de la institución insular para usos privados y de manera exclusiva, generando gastos de gasolina y otros consumos sin contar con autorización.

Cabe recordar que, después de que el caso se hiciera público el pasado mes de mayo, la institución insular elaboró informes técnicos que concluyeron que Bestard había hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin tener permiso para ello, dado que no se había acreditado que estuvieran asignados en régimen de exclusividad.

Aunque los análisis internos, cuya elaboración fue ordenada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, reconocían que este proceder «no es una conducta apropiada», sostenían que no se puede «determinar de forma categórica el uso indebido».

El equipo de gobierno insular descartó tomar medidas contra Bestard, uno de sus miembros, y cerró el caso con la elaboración de una instrucción interna que regula el uso de vehículos oficiales.

Ahora, tras la admisión a trámite de la denuncia de la Fiscalía, queda abierta la vía judicial para esclarecer si el uso de los coches públicos se ajustó a la normativa y si se produjo algún perjuicio para las arcas públicas.