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Tribunales

Las asociaciones de jueces y fiscales dicen que el PSOE busca la impunidad del entorno de Sánchez

"La impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad", aseguran desde la APM

Fiscales aseguran que parece estar "concebida para su específica aplicación a casos concretos"

Las asociaciones de jueces y fiscales han mostrado este viernes su rechazo a la iniciativa legislativa propuesta por el PSOE que limita las acusaciones populares para casos como los que han llevado ante el juez a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su hermano, David Sánchez, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque creen que parece «buscar la impunidad» de unos ciudadanos concretos.

«La impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley», ha indicado la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco.

La portavoz ha recordado que esta fórmula jurídica se está usando «también por quien ahora presenta esta proposición de ley». Y ha añadido que, con esta reforma, se produciría una «clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva». Ha argumentado que suponen «una limitación tan estrecha y tan restrictiva del ejercicio de la acción que viene a inutilizarla».

Por otro lado, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, ha asegurado que esta iniciativa parece «haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos».

«Consideramos un profundo error la limitación subjetiva de la acción popular para las asociaciones judiciales, porque ello impediría actuar en defensa de intereses legítimos de jueces y magistrados, limitación que podría conculcar la garantía constitucional del artículo 127 de la Constitución Española», ha manifestado Oliva.

Del mismo modo, entidades del sector de izquierdas como Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado en las últimas horas sus reticencias con los planes del gabinete de Sánchez.

La propuesta del PSOE

La nueva normativa busca limitar la participación de la acusación popular en los procesos judiciales a la etapa de juicio oral y a la presentación inicial de la querella. No obstante, la acusación popular conservará la facultad de impugnar un auto de archivo si discrepa con la decisión. Además, la nueva regulación establece que, para actuar como acusación popular, se deberá demostrar un vínculo «específico, relevante y suficiente con el interés público protegido en el proceso penal».

Sin embargo, cuando se utiliza la acusación popular o los recortes de prensa en otros casos ajenos a Pedro Sánchez, el PSOE no parece estar en desacuerdo. Ejemplo de ello fue el caso Nóos que llegó a los tribunales en 2010 y en el que se encausaban, entre otros, a Iñaki Urdangarin y donde el sindicato Manos Limpias se personó para pedir la imputación de la infanta Cristina. En ese momento, el PSOE no impulsó ninguna norma para acotar el papel de las acusaciones populares, como sí hace ahora que afecta a la mujer o al hermano del presidente.

Además, la proposición de ley incluye la imposibilidad de abrir un proceso penal «con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades». Algo que también ha utilizado en otras ocasiones el PSOE en su beneficio. El pasado mes de marzo, los socialistas presentaban un escrito en la Audiencia Nacional en el que aporta una batería de recortes de prensa para pedir un impulso de la pieza del caso Villarejo en la que se encuentran los audios donde se afirmaba que el suegro de Pedro Sánchez tenía un negocio de saunas. En ese caso, como los recortes de prensa tenían como objetivo que se investigase un supuesto espionaje a la mujer del presidente del Gobierno, sí le valían al PSOE.

«Errores técnicos»

Por su parte, el abogado experto de Derecho Procesal Víctor Soriano ha identificado múltiples errores técnicos y problemas jurídicos en la propuesta de reforma de la acusación popular, alertando de que algunos cambios podrían ser inconstitucionales.

Entre los fallos más graves, Soriano señala que la actual redacción prohibiría ejercer la acusación popular a todas las personas jurídicas, no solo a las públicas como parece ser la intención, lo que dejaría fuera directamente a, entre otros, asociaciones de víctimas y sindicatos. También destaca errores en las referencias legislativas y términos jurídicos «inexistentes en el derecho español».

Este experto critica especialmente un artículo que impediría a la acusación popular intervenir en la fase de instrucción, lo que en la práctica «elimina toda posibilidad real de acusación popular» en contra de lo establecido en la Constitución.

Además, Soriano denuncia que la enumeración de delitos perseguibles mediante acusación popular omite «deliberadamente» figuras como la prevaricación o la violación de secretos, lo que podría beneficiar a determinados cargos en procesos en curso.

La propuesta también presenta problemas técnicos en cuanto al momento de exigencia de fianza y la aplicación de la doctrina Botín, según el análisis del jurista, quien advierte que algunas disposiciones parecen redactadas «sin conocimiento» del sistema procesal español.