Catalá dice que el artículo 155 concluirá cuando se constituya un nuevo Govern «aunque sea independentista»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución terminará con la celebración de las elecciones del 21 de diciembre y con la constitución del nuevo Gobierno de Cataluña, aunque éste sea independentista. En este sentido, ha afirmado que este precepto de la Carta Magna se ha aplicado porque ha habido «deslealtad» constitucional y autonómica, no por la ideología del Govern que lideraba Carles Puigdemont.

En un desayuno informativo de Forum Europa en Bilbao, Catalá ha considerado que «la orden europea de detención y entrega» de Puigdemont y sus exconsellers por parte de Bélgica «tendrá un buen fin y acabará resuelta favorablemente». También ha destacado que éstos mantienen «sus derechos políticos intactos» hasta que no haya una sentencia de inhabilitación contra ellos, por lo que podrán concurrir como candidatos a los comicios del 21-D.

El ministro ha señalado que la aplicación de las medidas del 155 se ha hecho de forma «moderada y prudente» para «restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña». Su pretensión, según ha especificado, ha sido garantizar «los derechos de los ciudadanos que habían sido alterados como consecuencia de unas decisiones del Parlamento y del Gobierno de la Generalitat, que habían violentado derechos de gran parte de la población mediante decisiones absurdas».

«Esa alteración del orden constitucional y estatutaria se ha producido, y las elecciones convocadas para el 21 de diciembre generarán un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno con las mayorías que se puedan conformar», ha añadido.

De esta forma, ha explicado que «el hecho de que pueda conformarse en el futuro un Gobierno de carácter independentista, no justifica ni motiva en absoluto la adopción de medidas tan importantes como las que conlleva el artículo 155 de la Constitución».

Por ello, ha asegurado que este precepto de la Carta Magna no se establece porque haya un Gobierno independentista, sino «por las acciones que pueda adoptar de incumplimiento de sus obligaciones».

«Este momento tan extraordinario y singular que estamos viviendo en el que el Gobierno de la nación ha destituido al Gobierno de Cataluña por el incumplimiento de sus obligaciones estatutarias, con el aval de la mayoría del Senado, finalizará cuando haya nuevas elecciones y se ponga en marcha el nuevo Gobierno», ha asegurado.

Además, ha afirmado que «ojalá ese Gobierno, tenga la composición que tenga –aunque él desea que no sea independentista–, se comporte con la lealtad institucional y constitucional con la que históricamente se ha comportado el Gobierno de la Generalitat». «Ha sido muy recientemente cuando, como influencia de una minoría radical de extrema izquierda antisistema, se han distorsionado totalmente los planteamientos de la política en Cataluña», ha indicado

El ministro de Justicia ha aclarado, además, que «se pueden modificar las medidas» del 155, pero cree que «no hay tiempo material para abordar» esta cuestión porque su aplicación va a ser «muy breve».

Entrega de Puigdemont

Rafael Catalá ha recordado que la orden europea de detención y entrega es un sistema de colaboración judicial «más sencillo que un procedimiento de extradición», pero tiene que hacerse con «un cierto control y supervisión de las solicitudes que directamente los jueces se hacen unos a otros».

El ministro ha recordado que Carles Puigdemont, «dejando aquí a sus colaboradores, a otros miembros del Gobierno y a la Mesa del Parlamento, ha buscado Bélgica, no por casualidad, sino porque habrá identificado que, desde allí va a ser más difícil» su entrega.

Catalá ha señalado que el juez de Bélgica ha decidido que, mientras se estudia la posible entrega, «no tiene relevancia» que sean «detenidos durante ese tiempo». «Eso no tiene nada que ver con el procedimiento judicial que se sigue en España», ha indicado.

A su juicio, «no son comparables las situaciones y, por tanto, no son comparables las medidas cautelares que una jueza (Carmen Lamela) haya acordado adoptar con personas que han sido objeto de una querella de la Fiscalía General por delitos tan graves como la rebelión, la sedición y la malversación».

Además, ha asegurado que delitos penados con privación de libertad de hasta más de 20 años son «suficientemente graves como para que un juez pueda adoptar medidas cautelares», más aún «cuando alguno de los acusados se ha ido de España para hacer las cosas un poco más complicadas», de forma que se «dilaten y demoren» los tiempos.

A su juicio, «la orden europea de detención y entrega tendrá un buen fin, acabará resuelta favorablemente, y se presentará ante los tribunales españoles a las personas que están en este momento fuera de España».

Candidaturas

El ministro de Justicia ha destacado que, tanto estas personas que están en Bélgica y se encuentran inmersas el procedimiento por supuesta rebelión, sedición y malversación», como las que están en España, no tienen limitados sus «derechos políticos», por lo que pueden ser candidatos en cualquier proceso electoral.

Rafael Catalá ha recordado que ser candidato en unos comicios «es un derecho fundamental, que solo puede verse limitado como consecuencia de una sentencia judicial». «Por tanto, de cara a las elecciones del 21-D, aquellos que no estén inhabilitados y todas estas personas no lo están ni lo van a estar en este tiempo, porque no hay tiempo material para que se adopte una decisión de estas características, tienen sus derechos políticos intactos y podrán formar parte de candidaturas electorales», ha aseverado.

Asimismo, ha explicado que el Gobierno no tiene, «en absoluto, ningún planteamiento en torno a procedimientos de ilegalización de partidos políticos». En esta línea, ha apuntado que lo tuvieron que hacer en 2003 –con Batasuna-HB-EH»– «con toda la fuerza del Estado de Derecho y de la democracia», por el terrorismo de ETA. «Pero, en este momento, eso no está encima de la mesa en absoluto», ha destacado.

En este sentido, ha destacado «la fortaleza de la democracia» del Estado español, «al Estado de Derecho en España, que es homologable a todos los países de la UE, pese a que algunos ahora estén diciendo alguna cosa fuera de tono».

«Nuestra democracia garantiza la libertad de expresión, de ejercicio político, dentro del respeto a la Constitución y al resto de las leyes», ha indicado, para señalar que España «se puede ser republicano o independentista, y vivir en esta democracia y ser parlamentario», pero se tiene que hacer «dentro de las reglas».

En cuanto al hecho de que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la Cámara hayan anunciado que no responderán a las preguntas del Fiscal, ha considerado que es «un ejercicio de la defensa» y que esta actitud no tiene por qué contribuir a que se les impongan medidas cautelares.

Por último, ha recordado que Cataluña, «donde se ha generado incertidumbre e inestabilidad», es la comunidad donde más parados se han registrado, mientras que en Euskadi ha habido 2.000 desempleados menos».

En su opinión, «no hay mejor vacuna antipánico que el Estado de Derecho y la seguridad jurídica». «Las derivas soberanistas y populistas solo traen empobrecimiento social, localización de las empresas e inversiones que huyen despavoridas», ha advertido.

Además, cree que no son «razonables las equidistancias, los guiños a la ilegalidad ni los coqueteos con las apuestas de carácter rupturistas». Tras hacer suyas las palabras del Rey Felipe VI de que «son tiempos para la responsabilidad», ha llamado a «consolidar la democracia, las libertades y la convivencia» entre todas las instituciones.