Anticorrupción archivará antes de agosto la denuncia contra Ayuso pese a la citación de su hermano

La Fiscalía Anticorrupción prevé archivar la investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de agosto –plazo en el que se cumplirán los seis meses desde su apertura–, según ha podido saber OKDIARIO. Fuentes judiciales aseguran que «esta causa no tiene recorrido judicial», sin embargo, el fiscal ha incoado las diligencias con el objetivo de esclarecer cualquier duda sobre la legalidad de las adjudicaciones a la empresa Priviet Sportive durante la pandemia del covid-19 y, añaden, «para que en le futuro no exista sospecha alguna sobre la gestión de Ayuso».

Con este propósito, el fiscal jefe Alejandro Luzón revisará toda la documentación aportada por los denunciantes –PSOE, Podemos y Más Madrid– hasta culminar la investigación. Una vez practicadas las diligencias oportunas decretará el archivo de las actuaciones porque «no existen indicios suficientes para judicializar la causa», manifiestan a este periódico.

Entre las diligencias a practicar destaca, según adelantó la Cadena Ser, la testifical de Tomás Díaz Ayuso y del gerente de Priviet Sportive, Daniel Alcázar, que serán citado en la sede de la calle Manuel Silvela para averiguar los entresijos de esa operación comercial. El Ministerio Público ya ha solicitado un informe a la Intervención General de la Administración del Estado para analizar si se ha producido alguna irregularidad en la adjudicación, y también va a pedir información bancaria para analizar las facturas emitidas por la administración contratante, así como de la empresa adjudicataria y del hermano de la presidenta regional.

Agotar la investigación

Del mismo modo, el fiscal comprobará «las pruebas» incorporadas en las denuncias. Entre ellas, destacan unos SMS de un número desconocido que recibieron Íñigo Errejón y Mónica García hace cuatro meses. En la denuncia, la líder de Más Madrid reconoce que los mensajes no le parecieron lo suficientemente «veraces» como para ponerlos en conocimiento de la Fiscalía. Ni siquiera García ni nadie de su equipo ha contactado ni ha podido hablar con el supuesto denunciante. Los mensajes fueron mandados desde un número de teléfono que no estaba oculto, por lo que podría parecer sencillo rastrear y averiguar a quién pertenece.

En los mensajes, el denunciante aseguraba que «la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones para EPIS –equipo de protección individual– y mascarillas de Ifema». Sin embargo, expresaba que «no se había atrevido a poner en conocimiento de la Fiscalía tales hechos» y tampoco quiso dar la cara ante los dirigentes de Más Madrid para ampliar la información. Fuentes judiciales consultadas por este periódico afirman que «en muchas ocasiones, se denuncian hechos gravísimos bajo el paraguas de ‘me lo mandó un anónimo’ y, de esa manera, la Justicia no puede perseguir al denunciante por denuncia falsa».

Además, hay que destacar que el contenido del documento anónimo contra Isabel Díaz Ayuso que recibió el Partido Popular –y que el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, filtró a la prensa– coincide con el de los SMS que Más Madrid presentó a la Fiscalía. Coinciden incluso en los errores. Ambos mensajes aseguraban que el hermano de la presidenta había intervenido en la adquisición de Epis, un dato falso.

El fiscal jefe Alejandro Luzón subrayó en el decreto de incoación que «las hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo –en la que está aforada Isabel Díaz Ayuso–, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada».