La angustia de los vecinos de Mazarrón a los que Ribera quiere incautar sus casas: «Lloramos de impotencia»

Una treintena de propietarios en la playa de Nares, Mazarrón, está viviendo una auténtica pesadilla al ver como el Estado pretende incautar sus casas aplicando la Ley de Costas. Estos vecinos explican que sus hogares, situados en primera línea de playa, corren peligro debido al acercamiento progresivo del mar y a la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez que se niega a modificar una ley que convierte estas propiedades en lugares susceptibles de ser incautados una vez que entren a formar parte de la zona de dominio público marítimo.

OKDIARIO ha podido hablar con ellos y ha sido testigo de la desesperación que viven los propietarios en esta línea costera del municipio murciano. «Es como si fuéramos okupas de nuestras propias casas. Lloramos de impotencia ¿Qué hemos hecho nosotros mal?», dice Constantino Sánchez López, miembro de la Asociación de Propietarios La Reya-Nares de Mazarrón.

Uno de los vecinos explica a este medio que las casas que se sitúan en la línea costera son «centenarias» y que algunas tienen hasta 120 años. «Esta casa es del año 1923 pero hay casas mucho más antiguas. Me parece muy mal que se tiren, esto es un patrimonio histórico, es la memoria de un pueblo», señala el propietario de una de estas construcciones.

Según manifiestan, el imparable avance del mar es agravado por la acción del hombre que ha contribuido a cambiar la morfología de la playa. «Era cóncava y ahora es convexa. Además pasan una maquinaria pesada todos los veranos de más de 30.000 kilos aplastando la arena para dejar la playa más bonita», denuncian.

Ahora bien, estos vecinos no sólo están amenazados por la misma naturaleza. A sus espaldas el Estado ha vendido un terreno para levantar 2.500 viviendas, un hotel y un centro comercial. Ordenación Bahía, así se llama este proyecto para modernizar Mazarrón, busca, además, eliminar las históricas viviendas de primera línea para construir un paseo marítimo y ensanchar la playa. «De la noche a la mañana existe una demarcación de costas que toma la decisión de tirar la línea de costa por detrás del dominio público ¿Por qué? ¿Dónde están los derechos fundamentales recogidos en la Constitución?», se pregunta Constantino Sánchez López el cual afirma que este modo de proceder «es una clara evidencia de como se están haciendo las cosas en este país».

El Gobierno y la Ley de Costas

La playa de Nares en Mazarrón no es la única zona afectada por la negativa del Gobierno a modificar la Ley de Costas para proteger la propiedad privada. En total son más de 400 propietarios los que están gravemente afectados por esta política «climática» del Ejecutivo de Sánchez.

OKDIARIO ha podido saber que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, decidió paralizar en 2018 una estrategia de protección del litoral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2016 que consistía en la construcción de infraestructuras que impidiesen que el mar avanzase tierra adentro, una medida que aseguraba la línea costera y protegía las propiedades en primera línea. «Es una cuestión de fundamentalismo ideológico, de radicalismo ecologista. Si el mar avanza pierdes tu propiedad. Ya hay órdenes de demolición», han dicho fuentes del PP en la Región de Murcia.

Como consecuencia de anular esta política del Partido Popular, decenas de miles de propietarios por todo el litoral mediterráneo se han visto desprotegidos en dos frentes: por el avance natural del mar que desde hace décadas ha establecido la línea de olas varios metros tierra adentro y por la pasividad del Gobierno que ante estos cambios ha decidido adaptar el dominio público marítimo terrestre a la nueva situación, lo que impide la propiedad privada.

Pero ¿qué consecuencias concretas tiene todo esto? En primer lugar, los mojones que marcan la línea de costa se van a situar donde ahora están las viviendas o incluso detrás de ellas, englobando todo ese espacio dentro del dominio público marítimo. Este hecho produce que los dueños de estas casas ya no tienen una propiedad privada, sino que están ocupando un espacio público. Sin embargo, lo que más preocupa a los residentes es el camino que se está llevando a cabo para llegar a esta situación: órdenes de demolición directa de las viviendas y ofertas de concesiones administrativas temporales para que los propietarios puedan seguir ocupando sus propias viviendas durante un tiempo limitado. «El problema es que se trata de una incautación no de una expropiación porque ni siquiera te indemnizan», han explicado las fuentes anteriormente citadas.