Ángel Víctor Torres amparó que el consejero tránsfuga Juan Sosa cobrara 300.000 € de forma indebida
El Tribunal Superior de Justicia sostiene la “anómala situación administrativa”
La socialista María Dolores Corujo acude como testigo ante Fiscalía y sale como sospechosa por el ‘caso Sosa’
Juan Manuel Sosa, consejero tránsfuga de María Dolores Corujo –ex presidenta del Cabildo de Lanzarote y actual diputada del PSOE–, se enfrenta a la devolución de cerca de 300.000 euros que percibió durante su paso como cargo público del Partido Socialista lanzaroteño. Este asunto tuvo lugar mientras Ángel Víctor Torres era presidente del Gobierno de Canarias y, pese a que el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática tenía informes desfavorables sobre dicha cuestión, hizo caso omiso. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia sostiene que «tanto el Cabildo Insular como la Comunidad Autónoma de Canarias eran conocedores desde junio de 2021 de la anómala situación administrativa».
Para conocer la trama en cuestión, hemos de remontarnos al 2 de junio de 2019. En dicha fecha, Pedro San Ginés, consejero de Coalición Canaria del Cabildo Insular de Lanzarote, cedió a Juan Manuel Sosa la portavocía de su grupo político en dicho organismo. El motivo era que Sosa, médico de carrera, necesitaba ser portavoz para seguir cobrando su sueldo de sanitario, superior al de consejero insular.
Todo dio un vuelco cuando el 30 de diciembre de 2019 María Dolores Corujo «ficha» a Juan Manuel Sosa para asegurarse así una legislatura tranquila sin ninguna moción de censura posible por cuestiones matemáticas. Desde este momento, Sosa dejó de cumplir los requisitos –asumir la portavocía del grupo político– que justificaban la posibilidad de que cobrara su sueldo de sanitario. Pero, contra todo pronóstico, esto no ocurrió y el consejero tránsfuga siguió cobrando indebidamente su nómina proveniente del Servicio Canario de Salud.
Tras ello, llegan dos informes firmados por la Directora General de la Función Pública del Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres. En ellos se señala de una manera muy contundente que resulta «procedente que, por parte del Cabildo Insular de Lanzarote, se asuma desde el 30 de diciembre de 2019 el abono de las retribuciones que hasta la fecha ha tenido reconocidas Don Juan Manuel Sosa».
El consejero tránsfuga seguía cobrando del Servicio Canario de Salud –dependiente del ejecutivo canario– cuando realmente, al no ser el portavoz del PSOE en Lanzarote, tenía que cobrar única y exclusivamente por su puesto político. Con varios informes desfavorables desde 2021, Ángel Víctor Torres sigue pagándole la nómina de sanitario a Juan Manuel Sosa, habiendo incompatibilidades en ello, tal y como avisaron en más de una ocasión desde la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias.
Fuentes cercanas a OKDIARIO exponen que «Ángel Víctor Torres y María Dolores Corujo eran conscientes de que era necesario realizar esto para conservar la presidencia con Juan Manuel Sosa como tránsfuga», añadiendo que la causa principal era que «Sosa ganaba el doble como médico que como consejero del Cabildo Insular de Lanzarote».
La llegada de Clavijo lo cambió todo
Con la llegada de Fernando Clavijo al Gobierno de Canarias, el actual secretario general de Coalición Canaria se encauzó con el Consejo Consultivo de Canarias para obtener respuestas. Este organismo, a través de un dictamen publicado el 12 de abril, confirmó que procedía la revisión de oficio de todo lo ocurrido en relación a este asunto debido a que el no análisis de ello «supondría que el interesado (Juan Manuel Sosa) disfrutara de un derecho que no le corresponde por carecer del requisito esencial para ello, de acuerdo con la normativa reguladora de la materia».
Pocos meses después, el 15 de octubre de 2024, la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, dependiente en su momento del gobierno del actual ministro Ángel Víctor Torres, fue tajante. Este mismo organismo acordó «declarar como deudor por cantidades indebidamente abonadas a Don Juan Manuel Sosa Rodríguez».
El asunto llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias debido al recurso de apelación de Juan Manuel Sosa. El 7 de abril del presente año, este mismo TSJC sostuvo que tanto el Cabildo Insular de Lanzarote como la Comunidad Autónoma de Canarias eran conocedores desde junio de 2021 de la anómala situación administrativa, condenando a este consejero tránsfuga a devolver 297.150,4 euros a los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote. Tras todo este sinfín de capítulos, Sosa ya ha agotado la última baza que le queda: recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
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