Las agresiones a policías y guardias civiles se han disparado un 66% desde que Marlaska es ministro
Han pasado de 9.967 en 2018 a 16.554 en 2025, lo que hace una media de 46 agresiones al día
Las agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a otros funcionarios públicos con cargo de autoridad se han disparado un 65,7% desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, pasando de 9.967 en 2018 a 16.554 en 2025. Así se desprende de los propios datos que el Gobierno se ha visto obligado a revelar y que arrojan que los agentes están padeciendo una media de 46 agresiones al día.
Además, la España de Pedro Sánchez ha alcanzado una cifra récord de violencia callejera, con una media de 2.600 reyertas al mes en 2025. En concreto, la violencia callejera se ha disparado un 72% desde que gobierna Sánchez, con hasta 31.481 infracciones penales de esta naturaleza. Una violencia con la que se enfrentan a diario los policías nacionales y guardias civiles durante sus intervenciones, que, sin embargo, siguen sin tener reconocida su profesión de riesgo.
Según los propios datos del Gobierno, revelados a raíz de las distintas preguntas parlamentarias de la responsable de Interior del PP, Ana Vázquez, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sufrieron en 2018 un total de 9.967 agresiones, en 2019 la cifra ascendió a 10.557, en 2020 siguió subiendo hasta alcanzar las 11.205 y en 2021 repuntó en 4.000 agresiones más, situándose la cifra total en 15.397.
Además, en 2023 se contabilizaron 16.833, en 2024 subieron a 16.878 y en 2025 a 16.554.
Ahora, en otra respuesta parlamentaria, el Ejecutivo ha tenido que detallar las infracciones penales de «atentado contra la autoridad, agentes o funcionario público» por provincias, de 2021 a 2025. También tras una pregunta parlamentaria de las diputadas populares Ana Vázquez, Irene Garrido e Isabel Gema Pérez. Este informe revela que es Madrid donde más agentes o funcionarios han sido agredidos, víctimas de 2.896 infracciones penales de este tipo; seguida de Barcelona, con 1.984; la Comunidad Valenciana, con 1.057; y Alicante, con 899.
Después se sitúa Málaga, con 656 atentados a agentes de la autoridad; Sevilla, con 604; la Región de Murcia, con 582; las Islas Baleares, con 552; y Cádiz, con 537. Asimismo, en Gerona se cometieron 386 agresiones; en Zaragoza 355; en Las Palmas 332, en Almería 324; en el Principado de Asturias 330; y en Tarragona 315.
En el lado opuesto, entre las provincias donde menos agresiones se han producido se encuentran Teruel, con 18; Ávila, con 28; Soria, con 33; Zamora, con 42; y Cuenca, con 45.
Agresiones en Gibraltar
A esto se suma que, desde que Marlaska dirige el Ministerio del Interior, se han producido 244 ataques con arma de fuego a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar, donde las agresiones han aumentado un 17%. Así lo ha señalado el Gobierno también a preguntas del PP.
Y con los narcos cada vez más violentos y, además, utilizando armamento de guerra, la Guardia Civil sigue con protocolos de los años 90 y sin medios para defenderse de las agresiones tanto en alta mar como en tierra.
Tanto policías como guardias civiles denuncian que están «atados de pies y manos» por la falta de medios en la lucha contra toda la escalada de violencia que hay, por lo que su situación es «la lucha de David contra Goliat». Un escenario donde reina «la desigualdad y la desprotección».
Esta radiografía de la situación que enfrentan nuestros agentes dista mucho del discurso triunfalista del ministro. Y, pese a este problema que sufren los policías y guardias civiles, el PSOE votó en contra de aumentar las penas de los artículos 550 y 556 del Código Penal, relativas a los casos de atentado, desobediencia o resistencia a la autoridad.
Asimismo, el Gobierno sigue bloqueando la iniciativa del PP para que se les reconozca la profesión de riesgo. La última vez ha sido esta semana, cuando la mesa del Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE y Sumar, ha ampliado por 71ª vez los plazos de enmienda para bloquear esta iniciativa aprobada en el Senado hace casi dos años para declarar la profesión de riesgo y la jubilación anticipada para la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Esta proposición de ley lleva ya más de un año con prórrogas de plazos de enmiendas, por lo que el Pleno del Congreso no puede votarla. Se trata de la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el objeto de incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo.
Tanto policías como guardias civiles afirman que «además, hay que regular la profesión de riesgo para los agentes que dependen del sistema de Clases Pasivas».
Hasta el momento, la única medida conocida en esta escalada de violencia en España es que los policías de Seguridad Ciudadana patrullarán con subfusiles, como recientemente ha revelado OKDIARIO. Se les entregarán «de inmediato» subfusiles CZ Scorpion EVO3 A1, pese a que Marlaska niega el aumento de la violencia extrema.
Esta nueva arma la habían reclamado muchos comisarios ante la nueva realidad criminal, en la que la cifra total de delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias supera los registros de la última década. Ante el aumento tan grave de la violencia, el ministro no ha tenido más remedio que ceder ante las presiones de los altos mandos policiales para proteger no sólo a la sociedad, sino también a sus propios agentes, que están cayendo asesinados a manos de los narcos.
Socio de los que odian a los policías
«Viendo cómo se han incrementado las agresiones desde que está Marlaska en casi un 68% y que cada día 46 agentes son agredidos, es inadmisible que el ministro del Interior siga sin reconocerles la profesión de riesgo», declara indignada a OKDIARIO Ana Vázquez, denunciando que «los agentes se están jugando literalmente la vida por la seguridad de todos los españoles, pero el Gobierno de España los tiene abandonados».
«Estos datos que tiene el Ministerio del Interior y que nos da ahora al Partido Popular tendrían que hacerle repensar su política de abandono hacia la Policía y la Guardia Civil», sostiene la popular, denunciando que «el principio de autoridad está quebrado».
Sin embargo, en el PP no confían en que en esta legislatura cambien las cosas, teniendo este Ejecutivo «como socios prioritarios a Esquerra y Bildu, un partido heredero de ETA que asesinaba a policías y a guardias civiles». «Sánchez es rehén de Bildu y de Esquerra, precisamente quienes más detestan y odian a la Policía y la Guardia Civil», concluye.
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