La Abogacía del Estado se retira de la causa del Tribunal de Cuentas contra los líderes separatistas

La Abogacía del Estado no va a presentar alegaciones en el Tribunal de Cuentas contra los líderes independentistas por el dinero público gastado para realizar el referéndum ilegal de 1-O en 2017. Los motivos que se alegan desde la Abogacía es que existe un precedente, el del caso de la consulta del 9-N realizada por Artur Mas. En aquella ocasión, y en referencia a las infracciones contables del referéndum del 9N, el tribunal negó la legitimación de la Abogacía del Estado porque expusieron que afectaba a las arcas autonómicas, no las estatales, hecho que limitaba la acción de la Abogacía del Estado.

Ha sido este dictamen anterior el que ha utilizado la Abogacía del Estado para salirse de la causa, cumpliendo con una de las exigencias de los separatistas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Sigue adelante

Sin embargo, y pese a que la Abogacía del Estado se retire de la ‘partida’ como solicitan los socios independentistas de Sánchez, el procedimiento no correría peligro, pues hay otras partes implicadas. En este caso se trataría, por un lado, de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y, por otro, porque si esta fuera obligada a retirarse por orden de Dolores Delgado, ex ministra de Sánchez y fiscal general del Estado, también se ejerce la acción pública, que es suficiente para salir adelante.

Esta acción pública viene de la mano de Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana. Así, y según explican a OKDIARIO fuentes de toda solvencia, la acción está asegurada, hagan lo que hagan las acusaciones públicas.

Otro punto espinoso es que, pese al precedente existente, la postura de la Abogacía del Estado choca frontalmente con la doctrina del propio Tribunal de Cuentas en cuanto a las funciones que tienen encomendados los servicios jurídicos que dependen del Gobierno. Unos servicios, como la Abogacía del Estado, que se supone que vela por defensa de los intereses del erario.

Tribunal de Cuentas

Y mientras unos se retiran, la Abogacía del Estado, y otros no han ‘respirado’, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas sigue, sin prisa pero sin pausa, con la instrucción del procedimiento.

El Tribunal de Cuentas ya ha fijado en 1,9 millones de euros la responsabilidad contable de Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, y Oriol Junqueras, ex vicepresidente, por el desvío de fondos públicos para promover el 1-O en el extranjero a través de las ‘embajadas’ catalanas y el Diplocat (Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña).

Casi dos millones de euros cada uno que se han notificado esta semana a sus respectivos letrados en un documento de 504 páginas que también afecta al ex presidente de la Generalitat Artur Mas (2,8 millones), y a los indultados Raül Romeva, Jordi Turull, así como a otros 37 altos cargos de la Generalitat desde 2012.

Gobierno

El Gobierno, de la mano de la vicepresidenta Carmen Calvo, también ha defendido la salida de la Abogacía del Estado del caso. Calvo ha aseverado en una entrevista en RNE que, según el Ejecutivo, la Abogacía «no tiene legitimación», al ser los fondos afectados de la Generalitat y no de la Administración General del Estado. La mano derecha de Sánchez también ha utilizado el precedente de Mas para justificar que sus servicios jurídicos se ‘borren’.

Pero Calvo no ha sido la primera. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo este martes que «el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día, es que una vez que hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace».