Los VTC reclamarán hasta 3.000 millones al Estado si los taxistas logran revocar sus licencias

El pulso que los taxistas mantienen con el Gobierno en su batalla contra Uber y Cabify amenaza con dejar una factura al Estado de hasta 3.000 millones de euros en el peor de los escenarios. El Real Decreto que el Ministerio de Fomento ha prometido al gremio del taxi podría ser el inicio del fin de los servicios de los VTC en ciudades como Madrid o Barcelona. Una situación que los propietarios de estas licencias llevarán a los tribunales.

El sector que representa a los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) ha encargado a KPMG y PWC que elaboren un informe para estimar la cuantía que podrían reclamar al Estado por responsabilidad patrimonial y lucro cesante en el caso de que pierdan las licencias que se concedieron en su día conforme a la legalidad, según confirman a OKDIARIO fuentes del sector.

A falta de que las dos auditoras completen sus informes, las primeras estimaciones cifran en un mínimo de 1.500 millones y un máximo de 3.000 millones de euros las indemnizaciones que el sector de las VTC podría obtener en los tribunales por un conflicto que representa un claro caso de inseguridad jurídica.

En España, hay activas unas 7.600 licencias de VTC. Pero si se suman las concedidas y todavía no operativas, el total ronda las 20.000 licencias concedidas por la Administración.

El catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, ya ha confirmado al sector de las VTC que podría reclamar una compensación económica en caso de que se revoquen sus licencias «legítimamente obtenidas».

«Un eventual sometimiento de los operadores con licencia a nuevas autorizaciones que restrinjan las facultades que tienen concedidas supone una limitación de sus derechos que debe ser necesariamente compensada económicamente», establece el prestigioso abogado en el estudio de la situación que ha preparado a petición del sector.

Jurídicamente parece claro que las demandas de los propietarios de estas licencias tendría recorrido.

Presión de Podemos

Entre los propietarios de licencias VTC hay una enorme preocupación por la presión que el taxi y Podemos, junto con sus confluencias, están ejerciendo sobre el Gobierno. Pese a que el sector ha suspendido la huelga la pasada noche, el desbloqueo de las calles es solo una tregua. Si en septiembre, cuando vuelva la actividad legislativa, no se cumple con sus exigencias, volverán a la huelga.

Los taxistas reclaman al Ejecutivo que ceda a las comunidades autónomas y los ayuntamientos las competencias sobre las licencias de VTC. Con ese traspaso, consideran que el negocio de Uber y Cabify no tendrá mucho futuro en las grandes ciudades españolas gobernadas por el partido morado (Madrid, Barcelona y Valencia)

De hecho, el origen de esta protesta es una sentencia que deja en suspenso un reglamento impulsado por Área Metropolitana de Barcelona (AMB) -que depende de Ada Colau- en el que se restringía en la práctica la actividad de Uber y Cabify. Madrid ya ha avanzado que regularía el sector en la misma dirección.

Los taxistas han visto en este guiño de Podemos al gremio una oportunidad para frenar la competencia del servicio de transporte de las VTC, cada vez más popular entre los usuarios.

Y el aparente éxito de sus movilizaciones preocupa mucho a los propietarios de licencias VTC. Tanto es así que esta semana han llegado a enviar una carta al Defensor del Pueblo en la que reclaman su ayuda para evitar que los taxistas dobleguen al Gobierno con la fuerza de sus protestas.

En paralelo, han puesto en marcha toda una maquinaria jurídica para preparar su eventual defensa en caso de que Fomento cumpla con lo que anunció en la segunda nota de prensa que redactó el pasado lunes, tras reunirse con los taxistas y acceder a contemplar sus demandas.

Muñoz Machado ya ha advertido que la forma del Decreto Ley que el Gobierno estudia emplear para trasladar esta patata caliente a las comunidades autónomas «no es procedente, por imperativo constitucional».