El Gobierno enviará solicitudes falsas de inquilinos a las inmobiliarias para intentar cazar casos de racismo

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 02/07/2026 05:45
  • Actualizado: 02/07/2026 05:45

El Gobierno de Pedro Sánchez enviará solicitudes falsas a las agencias inmobiliarias fingiendo ser posibles inquilinos con el fin de intentar cazar posibles casos de racismo a la hora de prestar sus servicios. Según dicta el Plan de Integración y Ciudadanía presentado este martes por el Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda pondrá la lupa sobre las compañías desplegando «acciones activas de detección y disuasión de discriminación residencial».

Para ello, Moncloa ha anunciado que llevará a cabo auditorías de acceso a la vivienda a través de «solicitudes de información comparables que varíen únicamente por nombre, perfil socioeconómico u origen».

Es decir, el Gobierno pondrá trampas a las agencias inmobiliarias trasladando a las compañías falsas solicitudes de alquiler para intentar pillar posibles actuaciones racistas a la hora de adjudicar viviendas a los interesados.

En este caso, los de Sánchez se escudan para defender su polémica idea en que esta estrategia es «similar» a la de países como Francia o Estados Unidos, citando en el escrito oficial que allí «han tenido resultados positivos».

Según el documento consultado por OKDIARIO, el Gobierno muestra que estos mecanismos de monitorización «pueden reducir de forma significativa y duradera las prácticas discriminatorias» de las agencias inmobiliarias. De hecho, su objetivo es reducir la tasa de discriminación residencial de la población extranjera del 17,1% al 12% en 2030.

Por si dicho testeo de calidad fuese poco, los de Sánchez aseguran que también enviarán comunicaciones a las inmobiliarias «recordando la normativa vigente». En su plan de actuación subrayan que se tratará de «un simple recordatorio de sus obligaciones legales de no discriminar».

Buscará ganar empadronamientos

Además de tender trampas a las agencias inmobiliarias, el Plan contempla que la Línea FIS Vivienda de Impacto Social, impulsada por los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con COFIDES, «facilite la puesta a disposición de viviendas» a los migrantes financiando «proyectos de empresas y entidades promotoras» con impacto social.

Para ello, también tiene previsto remar a favor de sus empadronamientos, ayudándoles a sortear los «obstáculos administrativos, lingüísticos y culturales» que, según acusan desde el Gobierno, han podido «detectar» en «municipios que dificultan el acceso efectivo al empadronamiento».

De esta manera, incluso, provisionarán de intérpretes y traductores a los servicios dependientes de la Administración General del Estado, y la coordinación con comunidades autónomas y entidades locales «para garantizar la cobertura en sus servicios transferidos».

Persecución del «fraude inmobiliario»

Esta misma semana la Agencia Tributaria también ha puesto en marcha una operación coordinada en doce provincias de seis comunidades autónomas «contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario», que ha conllevado la personación de más de 170 funcionarios en 41 locales de empresas de intermediación de compraventa y alquiler tras analizar denuncias sobre posibles cobros en efectivo no declarados.

Según informó el Ministerio de Hacienda, el dispositivo denominado Insulae supone el inicio de comprobaciones inspectoras a 49 sociedades y empresarios, así como a 18 personas físicas vinculadas, entre las que se encuentran socios, administradores y personas del entorno familiar.

Por comunidades autónomas, el dispositivo desplegado alcanza a locales situados en la Comunidad Valenciana (19), Andalucía (7), Cataluña (5), Madrid (5), Canarias (4) y Baleares (1), participando personal del Área de Inspección, de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

En este sentido, desde el Ministerio de Hacienda han señalado que la operación se enmarca en un momento de «crecimiento sostenido» en el que las agencias inmobiliarias ya participan en la intermediación del 70% de las operaciones de compra y alquiler de viviendas en España, detectándose denuncias que apuntan a una «posible existencia de una bolsa de fraude» en las sociedades objeto de la presente actuación operativa.

Desde el Ministerio detallaron que este fraude sería consecuencia de la utilización de «dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas» o de «cantidades irregulares como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda», además de cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a la vivienda.