Ver para creer: su propia abuela le okupa la casa y tiene que denunciarla, la justicia ya ha dictado sentencia

Hay veces donde los okupas se aprovechan de los menores de edad para entrar en una propiedad, pero en otras lo llamativo es la longevidad del okupa. Esto es lo que le ha ocurrido a Blanca, que ha tenido que desahuciar a su propia abuela.

Según ha informado el diario ABC, la demandante heredó la vivienda en 2022 tras el fallecimiento de su madre. Allí vivía sin pagar el alquiler Florencia, su abuela, pero tras el cambio de situación se negó a abandonar la casa.

Ahora el Tribunal Supremo ha dictado sentencia: Florencia debe abandonar el piso ya que se considera que está viviendo de okupa y no tiene derecho a ello.

Su propia abuela le okupa la casa y la justicia le da la razón

Florencia vivía en este edificio desde hace 17 años cuando llegó a un acuerdo con su difunta hija. Ella se haría cargo de todos los gastos, pero no tendría que pagar el alquiler.

Al morir su hija la situación cambió, su nieta Blanca era la nueva dueña y no estaba de acuerdo con este trato. En un primer momento pidió un pago mensual de 250 euros en concepto de ayuda porque los gastos habían aumentado.

Esto lo intentó usar la defensa de Florencia como prueba de que sí había llegado a haber un arrendamiento y que, por tanto, no era una okupa. No obstante, el Tribunal Supremo ha desestimado esta opción ya que sólo era «una ayuda económica».

En la sentencia lo dejan bien claro: «Nunca se planteó ni acordó el pago de una renta ni la constitución de un arrendamiento».

Los argumentos de la abuela okupa para intentar seguir en la vivienda

Los abogados de la abuela pusieron un recurso de casación, para que se contara esa ayuda económica como un alquiler, ya que se abonaba desde el año 2020, pero no tuvieron éxito.

Para ello argumentaron que «dicho precio no sólo no estaba pactado con anterioridad con la anterior propietaria de la vivienda sino que, además, excede claramente del importe de los gastos de la vivienda, y por lo tanto, supone un beneficio económico que percibe la propietaria».

Sin embargo, el tribunal consideró que la defensa de Florencia se basaba en hechos distintos y contradictorios donde se pretende construir «un relato alternativo sobre unos hechos que ya han sido valorados y descartados».

Ancianas que sí fueron víctimas de la okupación

Este caso ha llamado la atención por los lazos familiares que unían a la okupa y a la propietaria, pero la realidad es que en España muchas personas mayores sufren las consecuencias de la okupación.

Por ejemplo, el caso de Catalina, cuya inquilina no le paga el alquiler desde 2019.

Eso ha hecho que la okupa acumule una deuda de 36.000 euros, pero parte de esa cifra ha tenido que ser asumida por la Comunidad de Madrid tras varios años de procesos judiciales.

Pese a que el caso ya se extiende durante más de un lustro, todavía no ha sido posible echar a la okupa, ya que se ha declarado en situación de vulnerabilidad, lo que dificulta el desahucio.

Lo más grave es que Catalina también ha sido reconocida como una persona vulnerable, ya que sólo dispone de una pensión reducida y utilizaba el alquiler para pagar la hipoteca del piso.

«Mi madre también es vulnerable con una pensión pequeña y no hay manera de que se vaya. Servicios Sociales no hace nada, el ayuntamiento tampoco está involucrado, la Comunidad tampoco, el gobierno tampoco hace nada porque sigue ampliando el Real Decreto y nosotros seguimos igual, no hay manera de echarla», resumía Eva, la hija de Catalina.