El Tribunal de Cuentas urge a los partidos a reformar la Seguridad Social para asegurar su sostenibilidad

El Tribunal de Cuentas ha advertido de los fuertes problemas estructurales que presenta la Seguridad Social, poniendo de manifiesto el peligro de su estabilidad financiera y la escasez de recursos necesarios para satisfacer las distintas prestaciones. Además, considera urgente poner  en marcha medidas encaminadas a mantener la viabilidad del sistema.

El contexto social ocasionado por la evolución demográfica y la situación socioeconómica ha convertido en estructurales los problemas de sostenibilidad financiera, acentuado en el caso de las pensiones, según el último informe sobre la evolución económico financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social realizado por el Tribunal.

Dado que los recursos contributivos obtenidos «no son suficientes para satisfacer el actual nivel de las prestaciones económicas, fundamentalmente, pensiones» el Tribunal advierte de la necesidad de reformas necesarias sobre su actual configuración, en el ámbito de la financiación y de la protección.

Diferencias entre ingresos y gastos

A la luz de los datos patrimoniales en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, se han observado grandes desfases entre los gastos y los ingresos de naturaleza contributiva, provocados principalmente por el distinto ritmo de crecimiento del gasto medio anual por pensionista, que se ha incrementado en un 18,73% en este periodo con respecto al del ingreso medio por afiliado, que ha disminuido un 1,28%, en el mismo periodo.

En caso de los pensionistas el incremento se debe a que las nuevas incorporaciones llevan asociadas pensiones más elevadas, y también al aumento del número de pensionistas derivado de una mayor esperanza de vida. Sin embargo, la escasez de ingresos se debe a la recesión que afectó a la economía española y su efecto sobre el empleo y los salarios.

Estas diferencias entre ingresos y gastos han ocasionado desequilibrios financieros, presupuestarios y desfases de tesorería. El patrimonio neto negativo que presenta el balance de la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2018, por valor de 37.933 millones, es resultado de los datos patrimoniales negativos acumulados del periodo 2010 a 2018, por valor de 115.022 millones, superando los resultados positivos acumulados del periodo 2007 a 2009 -32.983 millones- y al saldo del Fondo de Estabilización.

Reforma urgente

Ante este panorama, el Tribunal de Cuentas recuerda que el Pacto de Toledo propuso que el Congreso de los Diputados constituyera cada cinco años una ponencia que estudiase el presente y futuro del sistema de Seguridad Social como garantía de continuidad del mismo. Sin embargo, no se ha aprobado ningún informe de evaluación tras el aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011.

Mientras, el organismo señala que la insuficiencia de los ingresos de naturaleza contributiva ha sido solventada mediante la obtención de financiación procedente del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, por importe total de 112.804 millones de euros, además de los fondos depositados en la cuenta especial en el Banco de España del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, de la concesión de préstamos del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El organismo asegura que estas vías de financiación adicional han permitido una «recuperación temporal», repercutiendo positivamente en el resultado presupuestario a nivel global. Sin embargo, son medidas «transitorias» que «si bien han permitido actuar al sistema en momentos de crisis, no resuelven el problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural que le aqueja actualmente».

Nuevas vías de financiación

El Tribunal de Cuentas ha propuesto al Congreso que de «manera urgente» proceda a estudiar la actual configuración del sistema de Seguridad Social al objeto de proponer «las medidas legales, o de cualquier otra índole, que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera y el equilibrio presupuestario del mismo», en el marco del Pacto de Toledo.

Además, el organismo propone al Gobierno una norma con rango de ley la necesidad de que los déficits financieros y presupuestarios que haya de soportar la Seguridad Social se cubran transferencias corrientes y no de préstamos y que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, consiguiendo de facto la efectiva separación de las fuentes de financiación.