Los transportistas exigen a Sánchez que bonifique el combustible ante la subida por la guerra de Irán
Los conductores profesionales consideran que la situación es "de suficiente gravedad" como para poner medidas
Los transportistas reclaman al Gobierno que se recuperen las bonificaciones de emergencia para compensar una inminente subida del precio del combustible por la guerra de Irán.
A través del departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera los profesionales han manifestado «su preocupación por las consecuencias de la situación bélica en Oriente Medio», debido a que afecta a una región clave para el suministro energético mundial y que «está repercutiendo en el alza del combustible».
Cabe subrayar que por este punto geográfico transitan a diario unos 14,5 millones de barriles de petróleo, lo que representa aproximadamente el 20% del consumo mundial.
Precisamente por eso los transportistas consideran que «es una circunstancia de suficiente gravedad» como para poner en funcionamiento la cláusula de indexación del precio del gasóleo establecida en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, «como mecanismo de atenuación en el impacto que el aumento del combustible va a tener».
En este escenario, Javier Jaso, responsable de Transporte de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), ha explicado que «resulta imperativo monitorizar la evolución del precio de los combustibles en los próximos días».
Resulta primordial para el sector del transporte por carretera, puesto que es extremadamente sensible a estas fluctuaciones, ya que el carburante representa la principal partida en los costes de explotación de un vehículo, concretamente un tercio del total.
En este sentido, Jaso apunta que un incremento sostenido en el precio del mismo repercute en la viabilidad de miles de empresas, en particular pymes y autónomos que operan con márgenes muy ajustados.
«Es importante destacar que la mayoría de los contratos de transporte actuales incluyen la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible. Este mecanismo legal y contractual permite trasladar automáticamente las subidas del gasóleo a los cargadores», recuerdan desde AEOC.
De hecho, los transportistas cuentan con un precedente como el plan activado en marzo de 2022 tras la invasión de Ucrania, cuando el Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, dotado con 16.000 millones de euros, de los que 1.000 millones se destinaron al transporte por carretera.
La bonificación al combustible consistió, en esa ocasión, en una ayuda generalizada de 20 céntimos por litro, que posteriormente se moduló de forma sectorial durante 2023.
Subirán los costes de los productos
Subir el precio a los cargadores incrementará de forma inmediata los costes de transporte y distribución de los productos. Y es que, esta presión de costes afectará de manera transversal a sectores clave como la alimentación, el textil, la ferretería y los bienes tecnológicos.
AECOC advierte que el incremento de los costes operativos derivado de la cláusula de combustible, sumado a los mayores gastos logísticos, «supone una carga que las empresas difícilmente podrán absorber».
Además, insisten en que de persistir esta situación, «el impacto acabará repercutiendo inevitablemente en el precio final de los productos, afectando a la inflación y al poder adquisitivo del consumidor nacional».
Al margen de lo anterior, el Comité Nacional de Transporte recalca que la incertidumbre acerca de la afectación del conflicto en los flujos comerciales internacionales tendrá incidencia directa en una menor demanda de transporte, que no sólo afectaría al nivel de actividad «sino a la estabilidad financiera de las empresas de transporte».
En este caso, exigen anticiparse a la situación y que fluya la colaboración público-privada «para mantener el equilibrio y la salud de la cadena de suministro», por lo que han llamado «a abrir una inmediata mesa de diálogo con los responsables de la Administración del Estado» en aras de conservar intacta la eficacia de «un sector pilar de la economía nacional».
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