La trampa fiscal del Gobierno para el alquiler: dinero público al casero mientras la falta de vivienda se agrava

Sumar tenía una posición clara sobre las bonificaciones fiscales a los propietarios de viviendas. En enero, su entonces coordinadora general, Lara Hernández, aseguró que «bonificar a los caseros no soluciona el problema de la vivienda» y que su formación no votaría incentivos de este tipo. Ocho meses después, el planteamiento de Sumar se ha abierto a estudiar las bonificaciones planteadas por Junts para los propietarios afectados por la prórroga de los alquileres.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha mostrado dispuesto a estudiarlas en un momento en el que el Gobierno necesita los votos de sus socios parlamentarios para sacar adelante el nuevo decreto de vivienda.

El cambio resulta especialmente relevante porque el discurso de Sumar hace apenas ocho meses era contundente contra este tipo de medidas. Hernández defendía entonces que regalar dinero público a los propietarios no solucionaba el problema de los alquileres. Ahora, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, admite que podría existir un mecanismo de compensación fiscal para pequeños propietarios en un escenario de congelación de rentas. El propio Bustinduy ha señalado que las desgravaciones «no son el modelo que defiende la izquierda».

Más allá del cambio de posición política, los datos disponibles sobre algunas de estas medidas invitan a analizar con cautela su capacidad para aumentar la oferta. Madrid puso en marcha una deducción de 1.000 euros para propietarios que incorporasen al alquiler viviendas que hubieran estado vacías, con contratos de al menos tres años.

20 millones de costes

El Gobierno regional estimó inicialmente que la medida podría beneficiar a unos 20.000 contribuyentes, con un coste fiscal de alrededor de 20 millones de euros anuales. En el primer ejercicio, sin embargo, sólo 1.588 contribuyentes se aplicaron la deducción, con una pérdida de recaudación de 1,21 millones de euros.

Eso no demuestra por sí solo que las bonificaciones sean inútiles, pero sí plantea una cuestión para el Gobierno: presentar como una política de aumento de la oferta un incentivo que puede limitarse a mejorar la rentabilidad de viviendas que ya estaban en el mercado o a movilizar una parte de las viviendas vacías.

Mientras tanto, la imagen que dibuja el Banco de España muestra un fuerte desequilibrio entre la creación de hogares y la construcción de vivienda. En 2025 se crearon netamente unos 240.000 hogares, mientras que se terminaron unas 92.000 viviendas nuevas. La creación de hogares volvió a superar ampliamente la producción de vivienda nueva. El organismo estima que entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de unas 750.000 viviendas.

En el alquiler, la fotografía tampoco es tranquilizadora. El Banco de España observa que el peso de las viviendas nuevas que entran en el mercado de alquiler cayó del 13,3% en 2020 al 11,3% en 2024, mientras aumentaban tanto la prima de entrada como el precio de los nuevos contratos. El propio organismo interpreta estos datos como señales de una menor oferta de alquiler residencial frente a una demanda creciente.

Ahí está uno de los principales problemas que dejan sobre la mesa estos datos: una deducción fiscal puede modificar el comportamiento de algunos propietarios, pero difícilmente puede sustituir por sí sola el aumento estructural de la oferta de vivienda.

Si el incentivo consigue que un piso vacío entre en el mercado, puede tener sentido. Pero si Hacienda paga a un propietario por hacer algo que ya pensaba hacer, el resultado puede convertirse simplemente en una transferencia de renta. Y si, al mismo tiempo, se subvenciona la demanda sin aumentar suficientemente la oferta, existe el riesgo de que parte de la ayuda termine capitalizada en los precios.