El Tesoro ahorrará este año 2.000 millones en costes financieros a pesar de la crisis catalana

La economía española va a cerrar el año con menores costes financieros de los inicialmente presupuestados, lo que supondrá un balón de oxígeno para las cuentas públicas y ayudará a rebajar el déficit público hasta el 3% del Producto Interior Bruto (PIB). Según los datos internos que maneja el departamento ministerial que dirige Luis de Guindos, el ahorro alcanzará los 2.000 millones de euros, es decir, casi dos décimas del PIB.

En concreto, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 contemplaban una partida de gasto de 32.171 millones de euros para el abono de intereses de deuda pública, una cantidad que se situará finalmente en unos 30.000 millones al cierre de diciembre.

Según fuentes del Ministerio de Economía consultadas por OKDIARIO esta reducción de los costes financieros se produce a pesar de que la crisis institucional provocada por el golpe de Estado catalán ha presionado al alza sobre los intereses de la deuda pública española.

De hecho, el propio Guindos indicó el pasado miércoles en el Congreso que la prima de riesgo española (que mide la diferencia entre la rentabilidad del bono español a 10 años y el alemán) sería de 85 puntos básicos si no se hubiera producido el órdago independentista. En la actualidad esta variable que mide el riesgo–país es de 119 puntos básicos y el interés de la deuda pública española a diez años es del 1,55%.

Las fuentes gubernamentales consultadas apuntan a que el citado ahorro de costes financieros de 2.000 millones se ha logrado gracias a la labor de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, que ha aprovechado las condiciones del mercado para refinanciar el pasivo de las Administraciones Públicas españolas a menor coste. De esta forma, frente al interés medio del 4% que tenía que pagar el Reino de España a los inversores por su deuda en circulación en 2013, la tasa ronda ahora el 2,6%.

El otro elemento que ha permitido que España tenga que hacer frente a una menor factura por los intereses de la deuda pública es la lentitud del Banco Central Europeo (BCE) a la hora de retirar los estímulos monetarios. Aunque el organismo monetario ha reducido el importe mensual de su programa de compra de activos su presidente, Mario Draghi, ha dejado claro en las últimas semanas que todavía falta mucho tiempo para que suban los tipos de interés de referencia en la eurozona. El mercado no espera que el BCE retome la senda alcista de las tasas hasta, al menos, el año 2019.

A pesar del citado ahorro el volumen total de dinero que debe destinar España al pago de intereses por el pasivo de las Administraciones Públicas duplica al contabilizado antes de la crisis. La decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de luchar contra la recesión disparando el gasto público generó unos déficits públicos de doble dígito que obligaron al Tesoro a elevar las emisiones para financiar el agujero fiscal. Como consecuencia de todo ello el peso de la deuda pública sobre el PIB ronda el 100%, frente al 35% de 2007.

El Ejecutivo es consciente de que uno de los principales retos de la política económica debe ser reducir el volumen del pasivo de las Administraciones Públicas, pero el problema es que mientras los ingresos sigan siendo inferiores a los gastos esta tarea es prácticamente imposible.

En los PGE de 2017 el Gobierno dejó claro que «el objetivo debe ser reducir el apalancamiento del sector público como medio para ganar una mayor credibilidad ante los mercados y reducir la prima de riesgo, evitando así que se convierta en una fuente de riesgo para el crecimiento y la creación de empleo».

El departamento que dirige Guindos espera cerrar el ejercicio con una deuda sobre el PIB del 98,1% y la meta a medio plazo es rebajar la tasa hasta el 60%, que es el nivel máximo que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la eurozona. Este objetivo, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no se producirá, al menos, hasta el año 2035.