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El salario de más de 3,5 millones de empleados públicos se incrementará en un 2% este 2024. Este porcentaje podría aumentar en otro 0,5% dependiendo de la evolución del IPC armonizado (IPCA). Este acuerdo fue establecido en el ‘Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI’, firmado en octubre de 2022 por el Gobierno, CCOO y UGT, que contemplaba un aumento salarial total de hasta un 9,5% a lo largo de tres años.
El acuerdo establece un incremento salarial fijo del 2% para el año 2024, basado en el aumento previo de las retribuciones. Además, contempla un posible aumento adicional y consolidable del 0,5% si la suma de las variaciones del IPCA de los años 2022-2024 supera el incremento retributivo fijo acumulado de esos mismos ejercicios.
En 2022, los salarios de los empleados públicos aumentaron un 3,5%, mientras que en 2023 se incrementaron un 3%, pendiente aún de una posible alza adicional del 0,5% en caso de que el PIB nominal de 2023 supere las estimaciones del Gobierno. Si este dato se confirma, el salario de los empleados públicos habrá subido otro 3,5% en 2023. Sobre esa cifra final de 2023 se aplicará el aumento fijo del 2% acordado para 2024.
Sueldo de los funcionarios en 2024
En 2022, los sueldos de los empleados públicos subieron un 3,5%, y en 2023 se incrementaron un 3%, con la posibilidad de un alza adicional del 0,5% en caso de que el PIB nominal de 2023 supere las previsiones gubernamentales. Si esto ocurre, el salario habría aumentado otro 3,5%, lo que sumado a la cuantía final de 2023, se verá afectado por el incremento fijo del 2% acordado para 2024.
A pesar de esto, los empleados deberán esperar hasta que se aprueben los Presupuestos de 2024 para recibir el ajuste salarial retroactivo desde el 1 de enero de 2024, ya que no se incluyó en el decreto-ley de medidas económicas de diciembre. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que se cumplirá el acuerdo con los sindicatos, que garantiza subidas superiores al 9% en tres años (2022, 2023 y 2024) para cerca de 3,5 millones de empleados públicos.
Proceso de oposición
La nueva norma que ha entrado en vigor recientemente introduce cambios significativos en la gestión de plazas vacantes y procesos de selección de empleados públicos. Entre sus disposiciones, destaca la reapertura de plazas no cubiertas en convocatorias de oposiciones, permitiendo su ofrecimiento si no han transcurrido más de tres años desde su anuncio inicial.
Asimismo, se establece la convocatoria de concursos unitarios abiertos y permanentes para llenar puestos de trabajo vacantes en distintos ministerios, junto con un enfoque que prioriza la agilidad y la eficiencia en los procesos de selección, limitando la duración máxima de dichos procesos y territorializando las pruebas.
Evaluación del desempeño
Por otro lado, el Gobierno ha introducido medidas para evaluar el desempeño de los empleados públicos, las cuales entraron en vigencia el 21 de diciembre de 2023, como parte de un amplio Real Decreto-Ley destinado a ejecutar el Plan de Recuperación.
Estos cambios, especificados en el Libro II de la norma, conllevan modificaciones estructurales en el modelo de la Función Pública. Esto incluye mejoras en la planificación estratégica de los recursos humanos y la incorporación de la evaluación obligatoria del desempeño, así como nuevos sistemas de acceso.
El texto regula el procedimiento de evaluación del desempeño, una medida obligatoria que valora la conducta profesional y mide el rendimiento del personal. El propósito es mejorar la productividad para, a su vez, elevar la calidad de la prestación del servicio público, según ha alegado el Gobierno.
En caso de resultados no satisfactorios, se ofrecerán oportunidades de formación para mejorar su rendimiento, incentivando la participación y ofertas de mejora. Quienes superen las evaluaciones obtendrán beneficios como el complemento de desempeño en lugar del de productividad y tendrán oportunidades de progresión en la carrera profesional mediante la carrera horizontal, sin necesidad de cambiar de puesto.
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