Sánchez se reúne este lunes con los agentes sociales a las puertas de una nueva oleada de despidos

El Gobierno se reúne este lunes con los agentes sociales para impulsar el diálogo social y con la amenaza de una nueva oleada de cierres de empresas y despidos encima de la mesa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá un encuentro con los principales representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva. La reunión se celebrará en el Palacio de la Moncloa a las 13.00 horas.

En el encuentro también estarán presentes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, o el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Según los agentes sociales, el encuentro del lunes es «el pistoletazo de salida» para el diálogo social. Asimismo, han señalado que se conformará una mesa general de la que dependerán las seis mesas comprometidas en enero y reconfirmadas el pasado 6 de julio en el encuentro también mantenido con el presidente.

El Gobiernoe y los agentes sociales ya han cerrado varios acuerdos, el relativo a la subida del SMI para 2020, y ya con la pandemia, el del impulso a los ERTE y su prórroga hasta el 31 de enero de 2021 con el fin de evitar que la crisis del coronavirus se cebara en el empleo o la prórroga también hasta finales de enero del año próximo de las ayudas para autónomos.

Los interlocutores sociales y el Gobierno también acordaron recientemente la Ley que regula el trabajo a distancia, que entró en vigor el pasado 13 de octubre.

Actualmente, se encuentran negociando cuestiones como la modernización de las políticas activas de empleo, la puesta en marcha de la conocida como Ley de ‘riders’. A este respecto, y según la última propuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso EP, se ha añadido en el borrador de la futura ley que regulará estas plataformas una disposición adicional para crear un registro público de estas entidades, que dependerá del propio Ministerio.

Como requisito «previo e indispensable» a la iniciación o continuación de sus actividades, deberán inscribirse en este registro «todas las entidades que se presenten, vayan a presentarse, funcionen o vayan a funcionar como plataformas digitales coordinando transacciones mediante el uso de algoritmos».

Información

Según la propuesta de Trabajo, al inscribirse en este registro, las plataformas deberán informar de las actividades y sector en el que se integra la actividad que realizan; del convenio sectorial y empresarial, en su caso, aplicable; del modelo de organización del trabajo; de la descripción de los diferentes puestos de trabajo, de su número de trabajadores, y del capital inicial y procedencia de éste, incluidas las posibles ayudas económicas públicas.

Asimismo, deberán informar del algoritmo aplicado para la organización de la actividad, incluyendo, como mínimo, «el pseudo código o diagrama de flujo utilizado, así como los sistemas de reputación utilizados, en su caso, y a quién se aplican».

El funcionamiento de este registro, que será de acceso público, se establecerá en un futuro reglamento, que en principio estará listo en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma que regulará las plataformas digitales, cuyo contenido aún se está debatiendo en la mesa de diálogo social.

La no inscripción y/o no haber solicitado la inscripción en el registro de plataformas digitales con carácter previo al inicio de la actividad se considerará infracción muy grave, por lo que estas plataformas podrán ser multadas con entre 6.251 y 187.515 euros.

Según han defendido los sindicatos, mediante este registro podrá determinarse si las relaciones laborales de la plataforma deben ser por cuenta ajena o si, por el contrario, sus trabajadores pueden ser autónomos.

La norma establecerá los criterios que deben cumplir las plataformas digitales para ajustarse al marco laboral español y a las sentencias que han venido dictando distintos tribunales de justicia, entre ellos el Supremo, que ha considerado falsos autónomos a los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo.