Las renovables ven peligrar 50.000 millones de inversión por el ‘parón’ de autonomías y ayuntamientos

Las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo han añadido una incertidumbre más a los promotores de plantas de energías renovables en España. Las empresas promotoras de este tipo de instalaciones se enfrentan al 25 de julio como fecha límite para obtener las autorizaciones administrativas de inicio de obra si no quieren perder tanto los derechos de acceso a la red como la validez de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) cuya tramitación, como promedio admitido en el sector, puede llegar a cuatro años. En el aire están 50.000 millones de euros de inversión, según aseguran fuentes del sector. La cifra puede superar los 62.000 millones a tenor de la potencia de las instalaciones proyectadas que constan en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Dada la tortuosa tramitación de cada una de las instalaciones, las empresas intentar cumplir los objetivos previstos en el Plan Nacional de Energía y Clima (Peniec) que fija, para 2030, la instalación de unos 22 gigavatios (Gw) de energía eólica y 30 Gw de fotovoltaica. Según el consenso del mercado, el coste actual de instalación de las plantas se sitúa en una media de un millón de euros por kilovatio instalado (Kw). Eso supone que las inversiones previstas inicialmente superan los 50.000 millones.

José María González Moya, director general de APPA Renovables -patronal del sector- lo tiene claro al respecto: «Es físicamente imposible que todos los proyectos que cuentan con las declaraciones de impacto ambiental aprobadas sean puestos en marcha dentro del plazo actualmente marcado».

En su opinión,»desde el Ministerio debería trabajarse para que todos estos proyectos viables puedan realizarse y contribuir a la transición hacia un modelo renovable».

Lo que está encima de la mesa es que el ministerio de Teresa Ribera aplique una moratoria que, de momento, nadie pide en el sector. De momento no es más un deseo de las empresas, ya que el propio Ministerio de Transición Ecológica tampoco ha dicho nada al respecto.

La cifra de inversión, no obstante, puede variar al alza. Según los datos publicados por el propio Ministerio y las diferentes comunidades autónomas, hay proyectos por cerca de 61.700 Mw (61,7 Gw) que cuentan en este momento con las autorizaciones de acceso y conexión a la red.

Los proyectos que están en tramitación se distribuyen entre energía eólica, la más cara de instalar (unos 10.800 Mw) y plantas de energía fotovoltaica que, rondan los 50.900 Mw incluidas las instalaciones de autoconsumo (especialmente industriales).

Todo ello supone que la inversión real que pende de la vuelta a la normalidad de Ayuntamientos y Gobiernos autónomos rondaría los 62.000 millones de euros.

Las mareantes cifras de inversión se corresponden con el esfuerzo inversor que el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec) requiere para su cumplimiento. El Plan prevé un aumento de casi el 20% en la potencia instalada en renovables entre 2020 y 2025 para alcanzar los 133.802 Mw. El salto entre 2025 y 2030, año en el que España debe contar con 160.837 Mw, será superior al 20%.

De ahí que, pese a la aparente distancia entre el momento actual y el año objetivo (2030), las empresas hayan acelerado en la tramitación de los diferentes proyectos.

Ahora, «el hecho es que las Comunidades Autónomas están en un periodo inhábil porque se están formando los distintos gobiernos. Ese es un problema no previsto en la ley», aseguran desde el sector, que señalan el riesgo de que muchos de estos proyectos desaparezcan por problemas burocráticos.

Saturación administrativa

El origen del problema radica en el atasco generado en el departamento de Teresa Ribera a comienzos de año para la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos. El Ministerio optó por una aprobación acelerada de los proyectos que suponía que la validez de la DIA que aprobaba quedaba condicionada a la actuación. Es decir, a obras complementarias de la instalación (soterramiento de líneas, conexión a una línea determinada…) y a la construcción de la misma. Por tanto, obtener antes del 25 de julio las licencias de obra preceptivas son esenciales para que el proyecto salga.

Estas autorizaciones se consideran previas al registro de cualquier proyecto, un requisito impuesto por Transición Ecológica para evitar fraudes. De hecho, en el propio Decreto Ley que regula la tramitación de las instalaciones (Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.) se asegura que: «En un elevado número de casos, una vez obtenido el permiso de acceso, los titulares del mismo no han solicitado los permisos de conexión, lo que en muchos casos es debido a la inexistencia un proyecto real o a una falta de madurez del mismo. De los aproximadamente 110.000 Mw que disponen de permiso de acceso [a la red], más del 60% no dispone aún de permiso de conexión».

Para entender el agobio de los empresarios basta repasar los plazos que establece el Real Decreto Ley 23/2020 en la conocida en el sector como la Ley de hitos (artículo 1).

Según esas directrices, el promotor de una instalación de renovables debe «acreditar el cumplimiento de los siguientes hitos administrativos»: presentar la solicitud admitida de la autorización administrativa previa, para lo que tiene un plazo de seis meses. Luego ha de conseguir la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, para lo que la propia Administración se reserva un plazo de 31 meses según la norma.

A continuación tiene otros 34 meses para lograr que le concedan la autorización administrativa previa. Una vez obtenida tiene por delante otros 37 meses para hacerse con la autorización administrativa de construcción. Y si la logra y hace la obra, tendrá que obtener la autorización administrativa de explotación definitiva, para lo que cuenta con un plazo de cinco años.

Y todos esos plazos empezaron a contar el 25 de junio de 2020. Por tanto, el 25 de julio próximo se cierra el plazo para que los diferentes Gobiernos municipales y autonómicos les otorguen las correspondientes y obligatorias licencias de obra y ejecución si no quieren volver a empezar la tramitación desde cero.

Lógicamente, al elaborar una ley el Parlamento no tiene en cuenta el calendario, pero, a juzgar por la situación actual, la tan rumoreada en el mercado moratoria para ampliar los plazos y que las empresas puedan cumplir los procedimientos administrativos parece una cuestión vital. Especialmente si se pretende salvar las voluminosas inversiones que hay en curso y cumplir el objetivo del Pniec de tener conectados a la red 50 Gw de renovables en 2025.