PSA Vigo plantea un ERTE de 90 días hasta final de año

El sector del automóvil sigue haciendo ajustes por el impacto del coronavirus. La dirección de la planta del Grupo PSA en Vigo ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) ordinario por razones organizativas y de producción. El ERTE tendría una duración de 90 días y se aplicaría cuando se reanude la actividad de la fábrica y deje de estar en vigor el estado de alarma.

La regulación de empleo «razones de organización de la producción», afectaría a los empleados con jornada a tiempo completo y se empezaría a aplicar cuando se reinicie la actividad en la factoría (la fecha prevista es el 20 de abril, pero no está confirmada) y deje de estar vigente el ERTE aplicado por causa de fuerza mayor.

La nueva regulación se propone para 90 días, en «dos etapas» y para todos los trabajadores con contrato fijo a tiempo completo (entre 4.000 y 4.500, de los 7.400 que hay en la plantilla). Así, la empresa plantea una primera fase de 55 días a aplicar durante 11 semanas de ERTE, que se consideran «necesarios para la recuperación progresiva de la actividad».

En esa primera etapa, se irían incorporando los diferentes turnos de forma gradual y, en último lugar, el turno de noche. El llamado ‘cuarto equipo’ se incorporaría a la fábrica en julio.

A partir de ese momento, se iniciaría una segunda fase del ERTE, de 35 días aplicables hasta final de año para, según la empresa «afrontar la caída de la producción derivada de los mercados» y una previsible bajada en la demanda. «Se habla de una caída de entre el 15 y el 50 por ciento, y nosotros hacemos esta previsión para una caída estimada del 30 por ciento», han puntualizado desde la dirección de PSA Vigo.

Las mismas fuentes han señalado que, para el caso de trabajadores a tiempo parcial y eventuales, «tienen otros mecanismos para regular su jornada».

«Proteger» a todos los trabajadores 

Los sindicatos han acogido este planteamiento con cautela, y han empezado a «analizar» los argumentos de la empresa, aunque han avanzado que su intención es que la regulación «pueda incluir a más trabajadores».

La sección sindical de CC.OO. ha recalcado que su «prioridad» es que los operarios a tiempo parcial estén incluidos en ese ERTE ordinario. «Sabemos que sería la primera vez que se incorpora a este colectivo a un ERTE ordinario, pero entendemos que las circunstancias excepcionales que vivimos lo justifican sobradamente», han señalado.

Además, esta central ha apuntado que se deben buscar mecanismos para «priorizar la vuelta a la actividad» de los trabajadores eventuales, que «no están protegidos» por este expediente de regulación de empleo, y también para aquellos «que no renueven su contrato», y así garantizar «un retorno lo más rápido posible a la fábrica». «Son los eslabones más débiles, y este sindicato entiende que protegerlos debe ser lo prioritario», han sentenciado desde CC.OO.

Mayor compensación económica 

Por su parte, desde UGT han incidido en que «es necesaria una protección» para los empleados eventuales y que «sean los primeros en reiniciar la actividad», y han reclamado también que se incorpore a los trabajadores a tiempo parcial en el ERTE. Este sindicato ha advertido también de que reclamará «una mayor compensación económica que la actual», ya que con el ERTE por causa de fuerza mayor en vigor, los trabajadores cobran el 80 por ciento del salario.

En la misma línea, el sindicato SIT, que también ha pedido medidas de protección para los trabajadores a tiempo parcial, ha advertido de que «no se entendería» que la remuneración económica de la plantilla «fuese inferior» a la que tienen con el ERTE derivado de la crisis del coronavirus (por causa de fuerza mayor).

Desde el sindicato CUT, mientras, han cuestionado la necesidad de aplicar un ERTE hasta final de año, sobre todo si dicha aplicación afecta solo a la plantilla fija a tiempo completo, y han apuntado que otras factorías lo hacen solo hasta julio.

Asimismo, han coincidido en reclamar que la regulación se extienda a todo el personal, al tiempo que han expresado su sospecha de que la propuesta de la empresa es una «estrategia para reducir costes laborales» a medio plazo.