El PNV exige que le reduzcan el cupo vasco de 1.200 a 850 millones para no tumbar los Presupuestos

El PNV ha decidido apretar el acelerador y aprovechar la debilidad del Gobierno para exigir una reducción del dinero que la comunidad autónoma abona todos los años al Estado para financiar las competencias que el Gobierno de Íñigo Urkullu no tiene transferidas (el denominado cupo vasco). El partido nacionalista exige que en 2017 el montante sea de 850 millones de euros, una cantidad muy inferior a los 1.200 millones que ha estipulado el Ejecutivo y que ha plasmado en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Según han confirmado fuentes parlamentarias, el PNV amenaza con presentar una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario si el Gobierno no cede a esta pretensión, a la que se suma la reclamación de 1.600 millones de euros que debería abonar al Estado a la caja autonómica vasca en concepto de la deuda que, a juicio de los nacionalistas, mantiene la Administración Central con la Hacienda vasca por el cobro indebido del citado cupo vasco en los últimos años.

Las fuentes consultadas indican que «el objetivo del PNV es aprovechar que el PP está pasando por un momento muy complicado por los escándalos de corrupción y que ahora más que nunca necesita que sus aliados a la hora de sacar adelante los Presupuestos no le fallen. Por eso los nacionalistas han puesto sobre la mesa está reclamación en los contactos que mantiene con el Ministerio de Hacienda desde el pasado febrero.

El Concierto Económico (el cupo) supone la plena autonomía financiera del País Vasco y fue creado en 1878 tras la última guerra carlista, con el objetivo de lograr una forma transitoria de integración de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que en aquella época eran provincias “exentas” y quedaban fuera del sistema tributario.

Tal como explica Mikel Buesa el mecanismo “se concibió como un sistema provisional de duración limitada a ocho años, durante los cuales las citadas provincias se irían integrando en el sistema económico español”. Sin embargo, la transitoriedad se convirtió en permanencia hasta 1937, cuando fue derogado el modelo, retomándose después con la llegada de la Transición y refrendada posteriormente en el año 2002.

Este régimen fiscal implica que las diputaciones vascas recaudan todos los impuestos y las entregan al Gobierno autonómico, que gestiona su presupuesto de forma independiente sin la participación de la Hacienda pública estatal. A cambio de este privilegio, el País Vasco paga una especie de canon (el cupo) por el supuesto coste que tienen los servicios que se derivan de las competencias estatales: defensa, representación exterior, el mantenimiento de las instituciones y las infraestructuras.

Al mismo tiempo que mantiene esta independencia fiscal, el País Vasco disfruta de la solidaridad del resto de España en materia de Seguridad Social, ya que el sistema de protección social se configura en torno a una caja única en todo el territorio español. Sin la red estatal, los jubilados vascos no podrían cobrar sus pensiones desde hace una década, ya que el déficit anual ronda los 1.800 millones de euros.

En la práctica, el País Vasco sale ganando con este modelo, rompiendo el principio de solidaridad territorial. Según los cálculos realizados por Mikel Buesa el desfase anual a favor del Gobierno autonómico es de 2.000 millones de euros, una cifra que la Agencia Tributaria reduce hasta 1.820 millones y que el académico e inspector de Hacienda, Ángel de la Fuente, eleva a 4.500 millones de euros.

La clave está en la forma de calcular el porcentaje de ingresos que debe aportar el País Vasco al Estado, sistema que se ha visto afectado por la necesidad de PSOE y PP de pactar con el PNV para formar gobierno en varios momentos de la democracia española. Y eso es lo que está ocurriendo al principio de esta Legislatura por la necesidad del Gobierno de lograr apoyos para sacar adelante las cuentas públicas sin tener mayoría parlamentaria. Los nacionalistas exigen una modificación del sistema para pagar aún menos al Estado.