Pimec se venda los ojos y asegura que el éxodo empresarial de Cataluña no arrastra a las pymes
La deriva independentista ha provocado la fuga de casi 700 empresas de Cataluña. En este saco no solo caben las grandes compañías: también hay hueco para las pymes. Las pequeñas y medianas empresas han emprendido su marcha fuera de la región siguiendo la estela de las más grandes, según los datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España. Estos datos chocan directamente con las afirmaciones de Pimec, la patronal catalana, quien sostiene que sus empresas no han comunicado el traslado de sus sedes sociales ni su intención de hacerlo próximamente. Solo hablan de incertidumbre empresarial.
Un argumento que va contra todo pronóstico: la fuga de empresas se agravará y las pymes no van a estar excluidas de esta huida exprés, según los expertos consultados y fuentes del mercado. Algunos organismos también se han pronunciado al respecto: como José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, quien aseguraba que muchas compañías seguirán este camino si finalmente se consuma la independencia.
El presidente de Pimec, Josep González, explicaba en una entrevista que la fuga de empresas es «preocupante», pero mantenía que a medida que pasan los días, ha ido disminuyendo la cifra de compañías que trasladan sus sedes. Su principal preocupación es un boicot a las empresas catalanas «por el aumento del nacionalismo español».
Pimec defiende la celebración de un referéndum pactado
Ante esta ‘guerra’ de banderas, el mundo empresarial está bastante caldeado. La situación política casi obliga a posicionarse a las organizaciones que representan a los empresarios, aunque no todas lo hacen de forma clara.
No es el caso de Pimec: la patronal «siempre ha defendido el derecho a decidir, el cual debería ser ejercido mediante un referéndum acordado con el Gobierno central, dentro de un entorno de seguridad y certeza jurídicas, necesario para nuestras empresas», explicaban en un comunicado antes del 1-O.
En el mismo documento, la patronal dibuja a Cataluña como la víctima de la situación: «hace tiempo denunciamos los numerosos agravios sociales, económicos y culturales que sufre Cataluña y que están pendientes de resolver por parte del Gobierno central. Cuestiones relativas a la identidad, la financiación, la energía o las infraestructuras (cercanías, eje ferroviario mediterráneo, etc.) son un ejemplo de las frustraciones no resueltas y así lo piensan la mayoría de los empresarios».
Antes de la celebración del referéndum ilegal, Pimec remarcaba la necesidad de diálogo pero hacía hincapié en que «una amplia mayoría de los catalanes han expresado su voluntad de ejercer su derecho al voto y aproximadamente la mitad de ellos lo quiere hacer a favor de la independencia, cuando hace pocos años esta cuestión no se planteaba de esta forma tan amplia. Esta es una realidad que se debería haber tenido en cuenta. Se debe cumplir con la legalidad pero no se pueden obviar los sentimientos», defendía.
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