Las VTC presentan una querella por «asociación criminal» contra Tito y otros taxistas

Los dueños de las licencias VTC no se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo la Generalitat de Cataluña acaba de un plumazo con un negocio de decenas de millones de euros a través de las licencias VTC en Barcelona. Después de confirmarse este jueves la marcha de Uber y Cabify de la Ciudad Condal, se ha abierto la veda para las acciones civiles y penales contra políticos y taxistas que han acabado con el negocio uvetecista en Cataluña.

Según ha sabido OKDIARIO de fuentes próximas a los partners de las VTC, los abogados relacionados con Unauto han presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Alberto ‘Tito’ Álvarez, Nacho Castillo ‘Peseto Loco’ y otros de los taxistas que han estado detrás de los movimientos en su contra, a los que acusan de haber montado una «asociación criminal» con fines delictivos y de utilizar métodos de extorsión y coacción. El objetivo es que Fiscalía estudie el caso y decida si abre investigaciones contra los taxistas en caso de que perciba que han sobrepasado la legalidad.

Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de Unauto, que no han respondido a los requerimientos de información.

Elpidio José Silva, el abogado que contrató el sindicato Elite Taxi y que está detrás de otra demanda presentada este mismo viernes en Madrid contra los dueños de las principales empresas del sector VTC, quedaría fuera de las acciones penales según las mismas fuentes.

La querella ha sido impulsada por la patronal Unauto, que asumirá la representación legal de la causa. A falta de la admisión a trámite de esta acción penal, los líderes taxistas consultados por este periódico se mostraban confiados pues estaban convencidos de que no habían cometido ningún delito.

Querella lista contra Ada Colau

Precisamente este mismo jueves, OKDIARIO informaba de que el bufete de abogados Clifford Chance, uno de los varios que asesoran a Unauto y a su presidente Eduardo Martín, tenían lista también una querella contra Ada Colau y parte de su equipo en la AMB, el organismo metropolitano encargado de regular el transporte en el área de Barcelona y sus municipios limítrofes.

En este caso, el delito observado de Colau y su equipo sería el de «prevaricación», por haber actuado en contra de los informes técnicos que le remitió el Ministerio de Fomento cuando publicó un reglamento contra en junio del pasado año para exigir una licencia municipal a Uber y Cabify, algo que Fomento indicó que no podía hacer al carecer de competencias.