La patronal ve «muy difícil» un acuerdo sobre los ERTE antes del día 15 como pide el Gobierno
«Muy difícil». Así ve el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos para prorrogar los ERTE antes del próximo lunes día 15, tal y como ha pedido el Ejecutivo. Garamendi ha reprochado que se acuse a la CEOE de hacer trabajar a los demás empleados a deshoras y en cambio a los trabajadores de la patronal se les quiera «hacer trabajar el domingo a la tarde o el sábado a la noche» al no haber recibido aún los documentos para cerrar ese posible acuerdo.
Garamendi ha explicado durante su comparecencia ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso que tras la firma hace un mes del acuerdo para prolongar los acuerdos sobre los ERTE hasta finales de junio se habían puesto «deberes» para analizar los siguientes pasos, pero mientras los papeles de sindicatos y empresarios «están» disponibles no lo están los del Gobierno, que quiere ver «en la mesa».
«Deberíamos haber tenido más papeles hace tiempo, creo que no es bueno llegar a los ERTE en el último día, las empresas necesitan organizarse y predictibilidad», ha añadido. Garamendi ha insistido este jueves en ampliar «al menos hasta diciembre» los ERTE y dotarlos de mayor adaptababilidad. «Las empresas deben poder ir recuperando trabajadores ajustando plantillas a necesidades objetivas; ninguna empresa va a dejar de recuperar plantilla si el negocio lo permite», ha apostillado.
Reforma laboral
Además, ha defendido la utilidad de la reforma laboral de 2012, que fue «el elemento de más valor para afrontar con éxito la salida de la crisis» anterior, advirtiendo que si no se hace «bien» un cambio sobre la norma puede generar «incluso más paro».
Asimismo, ha reclamado aumentar las alternativas de organización con movilidad geográfica, descuelgue de las condiciones del convenio colectivo o en la distribución irregular de la jornada, así como moratorias y el impulso de la industria.
Por ello, ha remarcado que es «necesario» que los ERTE continúen con «flexibilidad, adaptabilidad, simplificación y certidumbre», y ha recordado que este modelo de expediente quedó recogido en la reforma laboral de 2012, que fue «el elemento de más valor para afrontar con éxito la crisis» anterior.
En este sentido, ha subrayado que el presidente de la OCDE ha dicho que fue «muy positiva», la semana pasada el vicepresidente de la UE pidió mirar sus aspectos positivo y el FMI coincide en que es «positiva». «No lo digo yo, hay terceros conocedores que lo dicen», ha agregado, quien ha aclarado que desde la patronal «en ningún caso» han planteado que no se pueda mejorar dicha norma, si bien consideran que hacerlo durante el estado de alarma «sinceramente no es el momento».
A este respecto, ha dicho que a la patronal no le gustan los reales decretos al no poderse realizar aportaciones y ha abogado por trabajar por el corto plazo ante la «gravedad» de la situación, con independencia de que se puede sentar en la mesa y hablar «de lo que haya que hablar».
«En la mesa intentaremos llegar a un acuerdo, y sino llegamos, que podemos no llegar, la legitimidad de las urnas, del Parlamento y del Gobierno tendrán que hacer lo que tengan que hacer, que sería en descuerdo dentro del diálogo social», ha apuntado. Por ello, cree que «si hay que cambiar (la reforma laboral), se cambiará», pero ha advertido de que «si se hace, y no se hace bien, igual hay más paro todavía».
De hecho, ha criticado los «anuncios de desestabilizar un sistema» porque «también generan falta de confianza» y ha indicado que las ideologías «no generan confianza en el mundo de la economía ni confianza en los inversores», aunque sean «legítimas».
En esta misma línea, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha reclamado mayor flexibilidad empresarial y seguridad en los trabajadores, pero «en ningún caso acometiendo reformas integrales y contrarreformas que generan incertidumbre e inseguridad». Cuerva ha apuntado que «todo el arco parlamentario ha validado durante la crisis medidas que no hubiesen existido si se hubiese derogado íntegramente la reforma laboral de 2012».
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