Las operadoras dan por seguro que el Gobierno vetará a Huawei y ZTE en el despliegue del 5G en España

Las operadoras de telecomunicaciones en España dan por seguro que el Gobierno excluirá a las chinas Huawei y ZTE en el despliegue del 5G en el país y que, por tanto, estarán en la lista de proveedores de riesgo que publicará en unas semanas, según fuentes del sector consultadas por OKDIARIO.

El veto a las dos compañías tecnológicas chinas, que trabajan en mayor o menor medida con las principales telecos en España en diversos proyectos, forzará a un cambio de los equipos en las torres, lo que acarreará gastos sustanciales para la industria. De acuerdo con un informe de Oxford Economics, el incremento del gasto anual medio en las inversiones en 5G contemplado en su escenario central es de 292 millones de euros, cifra que sube a 442 millones en su estimación más pesimista.

Además, los servicios de Huawei, que está presente en España desde hace 20 años, resultan más baratos para las operadoras que los de Ericsson y Nokia, con los que tecnológicamente está a la par. «Y son muchas torres», advierten las mismas fuentes, que remarcan el complejo entorno de las telecos, inmersas en intensas guerras de precios, lo que implica estrechos márgenes, y en inversiones exigentes para extender la red de 5G.

Si bien ya se sospechaba en el sector que tanto Huawei como ZTE podrían incluirse en el listado que se espera para el mes que viene, la convalidación a finales de abril en el Congreso del Real Decreto-ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas del 5G, la llamada Ley de Ciberseguridad del 5G, ha convencido del todo a compañías como Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil del temido desenlace, ya que eso supone que no se modificará el texto.

«¿Qué sentido tiene si no que el Gobierno haya decidido aprobar esta norma por la vía de urgencia como un Real Decreto-ley y no como una ley ordinaria como estaba previsto?», se preguntan estas fuentes, que piensan que su aplicación será inminente y no para un horizonte más lejano en el que se diera el hipotético escenario en el que una compañía transfiriera datos a Gobiernos de terceros países, de ahí que se esté agilizando el proceso para sorpresa de las operadoras.

«¿Para qué cargas las pistolas si no las vas a disparar? Parece toda una declaración de intenciones», aseguran las fuentes.

Los criterios con los que se identificarán a esas compañías que integrarán la lista responderán a niveles de seguridad y fiabilidad de sus infraestructuras, que son las que se han suministrado en España en los últimos años para el despliegue del 4G y el 5G. De esta forma, los equipos, productos o servicios de esos proveedores no podrán utilizarse en elementos críticos de la red ni en el acceso a estaciones que proporcionen cobertura a centrales nucleares o centros vinculados a la Defensa Nacional o a sectores estratégicos. Todo ello con el objetivo de que España no esté expuesta a injerencias extranjeras, para lo que se valorará también los vínculos de esas empresas y de su cadena de suministro con Gobiernos, así como la composición de su capital social, la estructura de sus órganos directivos y la protección de los datos personales.

China, bajo lupa

China está en el ojo del huracán, como demuestra la reciente prohibición por parte del Gobierno de Canadá del uso de la tecnología 4G y 5G de Huawei a la vez que cualquier otro producto de ZTE en los servicios de telecomunicaciones de todo el país por ese mismo temor. Sin embargo, fuentes del sector indican que los ingenieros tienen muchas dudas sobre si la firma está pasando información confidencial de clientes a Pekín.

Fuentes de Huawei señalaron que la compañía pide «que España siga contando con un marco regulatorio transparente, que favorezca la competencia y la participación de los líderes en tecnologías de la información con certidumbre para los inversores», lo cual será fundamental para que el país mantenga la actual posición de liderazgo mundial en conectividad de banda ancha. En este sentido, solicita que la aplicación de la ley se haga «de manera objetiva, proporcionada y no discriminatoria».

«Y para facilitar que así sea, la transparencia de Huawei sigue a la disposición del gobierno y de nuestros clientes», añadieron las mismas fuentes, que reivindicaron que la empresa china es «el fabricante más auditado del mundo».

Las precavidas operadoras llevan ya mucho tiempo haciendo planes de contingencia, entre otras cosas, eligiendo a nuevos proveedores y modernizando sus elementos centrales de la red -el denominado core-, teniendo en cuenta que se trata de inversiones a largo plazo. Asimismo, la ley les marca unos plazos muy rigurosos para cambiar la infraestructura.

La norma no es precisa en sus términos, ya que no dispone si los equipos que finalmente habrá que suplantar pertenecerán a la parte central de los sistemas de comunicaciones o si se refieren a todos los elementos de transmisión, conmutación, transporte de señales, hardware, software, radioenlaces, antenas, etc. Mientras que en el primer escenario el plazo de sustitución es de cinco años, en el segundo es solo de dos.

En definitiva, las telecos se verán abocadas a una ralentización en el desarrollo del 5G debido a que el volumen de la inversión quedará supeditado a estos cambios de infraestructuras y aumentará.