El nuevo plan de los okupas que preocupa a todos: nadie lo vio venir y ya es tarde

• Blanca Espada @blank7133
• Redactora de contenidos en OkDiario. Escribiendo para blogs y empresas de contenidos digitales desde 2007.
• • 08/06/2025 08:00
  • Actualizado: 08/06/2025 08:00

La realidad de la okupación en España ha dado un nuevo giro, tan inesperado como inquietante. Lo que hasta ahora era un problema vinculado a la ocupación ilegal de viviendas por parte de terceros, ha escalado a un nivel más complejo. Algunos grupos de okupas han empezado a blindar las viviendas que han tomado, como si fueran propietarios legítimos, para evitar que otros okupas les hagan a ellos lo mismo que ellos han hecho a los dueños originales.

Este nuevo comportamiento ha comenzado a detectarse en pequeños municipios, donde las viviendas vacías son más frecuentes y los controles menos estrictos. Los vecinos, que hasta ahora se limitaban a lamentar la pérdida de propiedades o a denunciar ante la Guardia Civil, ahora asisten atónitos a un nuevo tipo de apropiación: la del okupa que se protege como si viviera en su casa de toda la vida. Alarma, perros guardianes y hasta intentos de empadronamiento son las nuevas herramientas de este plan. Más que una simple paradoja, este nuevo modus operandi plantea preguntas legales y sociales de gran calado. ¿Qué ocurre cuando un okupa instala una alarma en una casa que ha tomado ilegalmente? ¿Hasta qué punto puede una persona proteger un bien que no le pertenece? Lo más inquietante, quizá, es que este fenómeno ya está ocurriendo y las autoridades parecen no tener una respuesta clara.

El nuevo plan de los okupas que preocupa a todos

Lo que sucede en el pueblo burgalés de Belorado, concretamente en el barrio de San Miguel de Pedroso, ha dejado boquiabiertos a los vecinos. Un grupo de personas ha ocupado una vivienda que llevaba deshabitada más de veinte años, y lejos de permanecer en la sombra o mantener un perfil bajo, han tomado medidas propias de quien tiene algo que perder. Han vaciado la casa, instalado una alarma de seguridad con cartel visible, y han intentado empadronarse para reforzar su posición.

De hecho, los okupas, temerosos de ser desplazados por otros como ellos, han decidido tomar la delantera. Se blindan, literalmente, ante la posibilidad de una okupación dentro de la okupación ,una jugada que no sólo deja sin palabras a los vecinos, sino que introduce una nueva capa de complejidad legal. ¿Puede la policía desalojar a un okupa que ha sido víctima de otro? ¿Quién tiene prioridad cuando ninguno tiene derechos reales sobre el inmueble?

Una comunidad desconcertada y en alerta

En este pequeño barrio de apenas un centenar de habitantes, la tranquilidad se ha visto sustituida por la incertidumbre. Según varios testimonios, el grupo de okupas llegó a finales de abril y, desde entonces, se ha producido un ir y venir de personas, algunas de ellas desconocidas para los vecinos. La Guardia Civil ha tenido que acudir en más de una ocasión por la preocupación creciente del vecindario.

Según informa el medio Burgos Conecta, la actitud de los okupas es la de que ellos son inquilinos con derechos a proteger su vivienda, alegando que pagaron fianza por las casas que finalmente han okupado. Dicha fianza, fue pagada a alguien que no es el propietario real del inmueble, y aunque no tienen contrato se presentan como inquilinos de buena fe. Los vecinos sin embargo, no los conocen, ni han visto nunca a ese supuesto intermediario. Y aunque la vivienda llevaba décadas vacía, sigue teniendo dueños legítimos que ahora luchan por recuperarla sin resultados visibles.

Medidas de defensa por ambas partes

Ante el temor de que la historia se repita, algunos vecinos han comenzado a instalar sistemas de seguridad en sus propias casas. A pesar de vivir en un entorno rural donde las puertas a menudo se dejan sin llave, el miedo a que sus viviendas sean las siguientes ha roto la confianza de siempre. La okupación del inmueble también ha alcanzado el solar contiguo, donde los nuevos moradores han colocado perros como medida disuasoria, tanto para evitar la llegada de nuevos okupas como para impedir que los propietarios se acerquen.

Lo más llamativo es que, incluso en la ilegalidad, estos okupas están replicando comportamientos típicos del propietario: protegen lo que han tomado, se organizan, se comunican con los vecinos (aunque sin lograr su confianza) y hasta intentan normalizar su presencia con empadronamientos. El resultado es un escenario surrealista donde los límites entre lo legal y lo ilegal se desdibujan cada vez más.

Un vacío legal que urge resolver

Todo esto pone sobre la mesa una necesidad urgente: la revisión del marco legal que regula la okupación en España. Casos como el de Belorado dejan al descubierto las grietas del sistema. Cuando un okupa instala una alarma para proteger una propiedad ajena y las fuerzas del orden no pueden actuar con celeridad, la seguridad jurídica del país se ve comprometida. Y cuando otros se suman a la cadena de okupaciones, la situación amenaza con volverse insostenible.

Si bien la legislación protege la inviolabilidad del domicilio, incluso cuando este ha sido ocupado ilegalmente, lo cierto es que la respuesta institucional no ha sabido estar a la altura de la evolución del problema. Cada nueva medida tomada por los okupas (desde poner una alarma hasta crear una red de vigilancia entre ellos) complica el proceso de desalojo. Y si esta tendencia se extiende, podríamos estar ante un fenómeno de efecto dominó difícil de contener.