Nuevo ataque de Sánchez al libre mercado: la prórroga del decreto ‘antiopas’ castiga a los accionistas

La cruzada del presidente Sánchez contra el libre mercado y su inclinación por el intervencionismo público se intensificará en los próximos días con la prolongación durante dos años más del decreto antiopas, que con el pretexto de proteger a las empresas españolas representa en realidad un castigo a los accionistas, que no podrán beneficiarse de mejores precios por los activos que poseen. Esta decisión tiene otras desventajas evidentes, según las fuentes consultadas por OKDIARIO. Por una parte, resta valor a las compañías, que quedan eximidas del interés de otras sociedades por entrar en su capital, o incluso por lanzar una oferta de adquisición para lograr la mayoría y el control.

Además, es un desincentivo para la mejor gestión posible, pues los ejecutivos, al sentirse a resguardo a la disputa en el mercado, pierden estímulos para aumentar el valor de la empresa, lo que redunda de nuevo en un perjuicio evidente para los accionistas. «Es un signo más de nacionalismo económico», asegura un ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. «Se traslada al exterior el mensaje de que aquí no entra nadie sin permiso del Gobierno, lo cual es disuasorio para la inversión y el flujo de capitales que tanto necesita la economía española», asegura. «No es una buena política de cara a los ejecutivos. Se les transmite algo así como ‘no te van a echar, estás protegido, estás a salvo’». El actual presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura,  ya se pronunció en enero de 2022 al respecto de esta suerte de ´acción de oro´ e instó al Gobierno a que retirase el escudo antiopas para normalizar las relaciones de los inversores extranjeros con las empresas españolas.

Según el despacho de abogados Carles Cuesta, donde trabaja el ex ministro de Justicia Rafael Catalá, «esta medida no tiene justificación porque ataca el libre mercado y el motivo original de su puesta en marcha, que fue la pandemia, ya se ha superado. Esta prórroga impedirá la llegada de capital extranjero en un momento delicado de la economía española».

Aunque no hay constancia de que otros países europeos hayan establecido decretos similares al del Gobierno español, los demás estados, y algunos tan importantes como Alemania, Francia e Italia han impedido reiteradamente la compra de empresas nacionales por otras extranjeras -ya fueran europeas- en el caso de las sociedades que se han considerado como joyas de la corona. Lo ha hecho Francia en el caso de la eléctrica pública EDF, el Gobierno de Berlín en el de Deutsche Bank, o el de Roma con la filial de autopistas Autostrade por la que compitió sin éxito la española ACS, que vetada por el Ejecutivo italiano, acabó siendo vendida forzosamente a la entidad pública CDP.

Irónicamente, la Comisión Europea, que teóricamente debería ser la garante del libre mercado en la zona euro, ha preferido mirar hacia otro lado en todos los casos, lanzando un mensaje letal en comparación con lo que suele ser la norma de comportamiento habitual en Estados Unidos. Al menos hasta la fecha. En el nuevo decreto que prepara Sánchez para impedir la llegada de capital extranjero a los presuntos sectores estratégicos de España se incluirá asímismo la protección de las compras de activos, una operación muy habitual en sectores como el energético o el de telecomunicaciones.

El decreto que ahora se prorroga fue aprobado con motivo de la crisis sanitaria del Covid y ante la evidencia de las caídas bursátiles de gran parte de las compañías nacionales como consecuencia de la suspensión de la actividad en el país. Pero la realidad es que las bolsas se han revalorizado casi un 30% desde la pandemia y que gran parte de las sociedades entonces debilitadas han recuperado su fortaleza.

No parece que piense de la misma forma el Ejecutivo. Según fuentes cercanas al Gobierno, «la prolongación de este escudo es evitar que las empresas que, pese a la recuperación casi generalizada del Covid-19, continúan con su andadura bajista en los mercados puedan situarse en el punto de mira de inversores internacionales no afines a Moncloa. La extensión de esta medida pone en el foco a muchas empresas como es el caso de Naturgy -donde el Gobierno impidió su escisión en dos hace menos de un año-, Prisa, que continúa con caídas del 40% en Bolsa, o Telefónica.