Una nueva derrota por los impagos a las renovables de Ribera eleva a 900 millones los embargos a España

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 15/09/2025 05:45
  • Actualizado: 15/09/2025 05:45

Verano negro para los intereses de España y la estrategia del Gobierno en la batalla por el recorte de las primas a las renovables y la decisión de Teresa Ribera y su sucesora en el ministerio, Sara Aagesen, de no pagar los arbitrajes perdidos en el tribunal del Banco Mundial, el Ciadi. Un juzgado de Estados Unidos (EEUU) ha rechazado la petición de España de archivar la causa iniciada por la empresa Watkins y confirma la responsabilidad de España de indemnizar a esta empresa con casi 80 millones de euros.

Además, la corte del país norteamericano declara el laudo inmediatamente ejecutable en territorio estadounidense, lo que permite iniciar sin demora el proceso de discovery order que permite aflorar bienes de España en el país norteamericano para proceder a su correspondiente embargo, en caso de que el Ejecutivo siga negándose a cumplir con la ley.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará a finales de septiembre una última petición de recurso presentada por España y, salvo que el Alto Tribunal acepte las alegaciones que el resto de cortes han venido descartando, el Gobierno quedará sin más vías de apelación en territorio norteamericano.

Se trata de una nueva derrota judicial por los impagos a las renovables decretado primero por Ribera y luego por Aagesen que eleva a 910 millones de euros los embargos de bienes españoles en Estados Unidos y Australia en sentencias de sólo agosto y septiembre.

Este pronunciamiento llega tras una oleada de resoluciones adversas a España por los impagos a las renovables. En las últimas semanas, los tribunales estadounidenses han confirmado laudos contrarios a España en los casos Eurus (Toyota Group), RREEF, Infrastructure Services (Antin) e Infrared. En conjunto, y sumadas a la sentencia del caso Watkins, todas estas condenan imponen al país ibérico la obligación de abonar indemnizaciones por valor de 440 millones de euros.

En paralelo, la justicia australiana dictaminó el pasado agosto que 4 de los 26 laudos arbitrales pendientes de pago también han quedado plenamente reconocidos ante sus tribunales, de modo que podrán ser ejecutados contra España, todo por un valor conjunto de unos 469 millones de euros. En total, 910 millones de euros.

La falta de cumplimiento ya ha provocado embargos de activos soberanos en Bélgica, Estados Unidos o Reino Unido, como el embargo de las tasas de control aéreo que recauda Eurocontrol y que, en teoría, desembolsa a Enaire. Estos pagos, valorados en 80 millones, han sido consignados a favor de las empresas denunciantes, ante la constatación de que las deudas siguen pendientes de pago.

España acumula 26 laudos impagados relacionados con las inversiones en energías renovables, la cifra más alta de cualquier país, con una factura pendiente de pago superior a 1.492 millones de euros. Esta cifra se incrementa a 1.874 millones al sumar los más de 390 millones derivados de los sobrecostes financieros y judiciales que provoca la estrategia de impagos que ha venido siguiendo el Gobierno español.

El origen de este conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió aprobar unas primas a las inversiones en energías renovables del 25%. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y ante la grave crisis económica que heredó, decidió unilateralmente recortar las primas al 7%.

A partir de ese momento, los inversores internacionales decidieron acudir a los arbitrajes para reclamar indemnizaciones por los recortes a las primas, donde les han dado la razón en la mayoría de los casos. El Gobierno de Sánchez decidió entonces no pagar esos arbitrajes, lo que ha originado una avalancha de denuncias en los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido.

El resultado de momento es que la estrategia del Gobierno de Sánchez está fracasando y está perdiendo los juicios, abriendo la puerta a que las empresas embarguen bienes españoles en esos países.