Ligar las pensiones al IPC supondría un gasto adicional de 4.000 millones de euros

El debate sobre la revalorización de las pensiones está servido. Tanto el principal partido de la oposición, el PSOE, como Podemos, exigen al Gobierno que vuelva a ligarlas al IPC (Índice de Precios al Consumidor) y abandone el 0,25% que rige desde la última reforma. Sin embargo, esto supondría un gasto adicional de 4.000 millones para cuando finalice la legislatura y pondría en peligro la senda de consolidación fiscal pactada con Bruselas.

Según las previsiones del Banco de España, la inflación para 2018 se situará en el 1,5% en 2018 y en el 1,4% de cara a 2019. El pasado año, tal como reflejan los presupuestos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el gasto en pensiones ascendió a 139.647 millones de euros.

Eso significa que si se ligase la revalorización al IPC, en 2018 habría un gasto adicional de 2.094 millones y alcanzaría los 141.740 millones de euros. Con el sistema del 0,25% apenas serían 350 millones más.

Para 2019, la inflación se situará en el 1,4%. Si se aplica esa tasa de incremento al hipotético gasto de 2018, la cifra alcanzaría los 143.725 millones de euros, unos 4.080 millones más que el gasto de 2017.

A esos más de 4.000 millones hay que restarles los 700 millones que se incrementaría el gasto con la revalorización actual del 0,25%. Es decir, que para el final de la legislatura el coste adicional sería de 3.378 millones de euros respecto al último ejercicio. Para 2020, la inflación prevista por el Banco de España es superior, del 1,7%, por lo que el gasto acumulado se dispararía aún más.

Todo esto teniendo en cuenta que la Seguridad Social cerró en 2017 con un déficit que supone un nuevo máximo histórico: 18.800 millones de euros (el 1,61% del PIB). No obstante, según las previsiones de la ministra de Empleo, para 2018 se espera que haya una moderación de ese déficit en la Seguridad Social, aunque seguirá  siendo deficitaria como mínimo hasta el año 2020.

El problema no radica en esos 4.000 millones, sino que ligar las pensiones al IPC supondría un incremento exponencial del gasto en una economía que, pese a contar con los ingresos más altos desde el año 2007, arrastra un un déficit público del 3,1%.

Y es que el Gobierno ya tiene comprometidos cuantiosos gastos de cara al próximo ejercicio. En concreto, el ministro de Economía, Cristóbal Montoro acometerá una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que tendrá un coste de 2.000 millones.

A ello hay que sumarle el compromiso de equiparación salarial de los guardias civiles y los policías con los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos que el Gobierno ha adquirido con los sindicatos, que tendrá un coste de 500 millones este año.

Por otro lado, Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos sellaron por unanimidad el Pacto de Estado contra la violencia de género, y eso implica una dotación de 200 millones de euros.

Además, de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que el Gobierno pretende aprobar el día 23 de este mes, el Ejecutivo de Mariano Rajoy deberá hacer concesiones al Partido Nacionalista Vasco (PNV). La aprobación de las cuentas públicas del pasado ejercicio ya supuso una factura de más de 4.000 millones de euros.