La Justicia japonesa vuelve a detener a Carlos Ghosn
La Justicia japonesa ha vuelto a detener al expresidente de las firmas automovilísticas Renault, Nissan y Mitsubishi, Carlos Ghosn, por nuevos cargos que apuntan a que el directivo supuestamente había intentado enriquecerse a costa de su posición como máximo responsable en Nissan.
Esta nueva detención se produce por las sospechas de que Ghosn había ocasionado pérdidas de 5 millones de dólares (4,4 millones de euros al cambio actual) a Nissan hasta julio del año pasado, en contra de sus responsabilidades corporativas y en su beneficio personal.
Según la agencia Kyodo, este impacto sobre las cuentas de Nissan se realizó a raíz de que el directivo transfiriera fondos a través de un concesionario en Omán a la cuenta de una compañía de la propiedad del directivo de origen francés, libanés y brasileño.
El portavoz de Ghosn en Estados Unidos aseguró que esta detención es «indigna y arbitraria» y que supone un intento por silenciarle por parte de personas sin identificar dentro de Nissan. «¿Porqué arrestarme si no es para que me rompa? No me desmoronaré», aseguró el directivo en un comunicado.
Desde su equipo de abogados, confirmaron que la Justicia nipona ha requisado el pasaporte de la mujer de Carlos Ghosn y también su teléfono móvil, así como documentos que necesitaban para preparar el juicio.
Este nuevo arresto de Carlos Ghosn se produce después de que este miércoles anunciara que iba a comparecer ante la prensa el 11 de abril, en lo que se iba a convertir en su primera aparición pública después de su libertad bajo fianza.
«Me estoy preparando para decir la verdad sobre lo que está pasando. Rueda de prensa el jueves 11 de abril», explicaba el tuit de la supuesta cuenta del exresponsable de la alianza automovilística Renault-Nissan-Mitsubishi, abierta hace pocos días.
Ghosn fue puesto en libertad el pasado 6 de marzo, al abonar una fianza de 8,9 millones de yenes (cerca de 8 millones de euros), después de que fuera detenido el 19 de noviembre en Japón por supuestos delitos fiscales.
El directivo del automóvil se enfrenta a cargos por supuestos delitos fiscales con agravante de ruptura de confianza, al haber reportado supuestamente durante casi diez años una remuneración menor de la recibida en realidad, con una diferencia de unos 82 millones de dólares (72,5 millones de euros).
El que fuera uno de los principales líderes mundiales del sector se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión, aunque en todo momento se ha declarado inocente. «Soy inocente y estoy totalmente comprometido a defenderme de forma vigorosa en un juicio justo de estas acusaciones sin valor e insustanciales», aseguró.
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