El juez pide a la CNMV el expediente por las cuentas de Banco Popular de 2016

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el nuevo titular del juzgado central de Instrucción número 4 también reclama al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, el expediente a la auditora PwC y su socio auditor por la contabilidad de ese mismo ejercicio.

El pasado octubre, la CNMV informó de la apertura de tales diligencias por una infracción «muy grave» al Popular, a los consejeros ejecutivos, los miembros de su comisión de auditoría y su director financiero, si bien puntualizaba que suspendía su tramitación al haber un proceso penal abierto por los mismos hechos.

El expediente alude a los aspectos de las cuentas anuales de 2016 a los que se refirió la comunicación efectuada por la entidad al mercado el 3 de abril de 2017, cuando anunció que introducía ajustes de hasta 630 millones de euros.

El banco calculaba entonces que bastarían entre 500 y 550 millones y que ese ajuste se recogería durante el primer semestre de ese año, por lo que consideraba que no sería necesario una reformulación.

Pero meses más tarde, en junio, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el banco amortizando el valor de las acciones, operación ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a instancias del Banco Central Europeo (BCE).

Fruto de ello, el Santander se hizo con la entidad por un euro, proceso que culminó el pasado septiembre.

La decisión del magistrado se produce a instancias del fondo de inversión Algebris, previa opinión de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró pertinente «incorporar a la causa cualquier información o documentación» relacionada con los hechos investigados.

En su informe, el fiscal Antonio Romeral se muestra a favor de que ambos organismos aporten las resoluciones de apertura de los expedientes y su estado de tramitación.

La providencia, además, da por incorporado en el procedimiento al Banco Santander como sucesora de la imputación tras el proceso de fusión, al que ordena que se dé traslado de las querellas y demás documentación presente en el sumario para que «manifieste si mantiene la misma defensa» que el Popular.

En octubre de 2017, el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó así la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Más de un año después, las declaraciones de los querellados se encuentran a la espera del primer informe pericial que realicen los expertos aportados por el Banco de España a partir de la ingente documentación, en la que figuran desde datos relativos a las retribuciones hasta detalles de los planes de negocio e informes de auditoría.