Un juez condena a Orange a pagar 600.000 euros a un distribuidor y a devolver el aval

El Juzgado de Primera Instancia nº5 de Mollet del Vallès ha condenado a Orange España a pagar 600.000 euros a Training Comunicaciones S.L., uno de sus distribuidores, en concepto de indemnización por clientela y a devolver el aval más las costas, según una sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La empresa no está de acuerdo con la sentencia y asegura que la recurrirá.

La indemnización por clientela es una compensación anual que se calcula a partir de la media de los ingresos de los últimos cinco años que trata de remunerar al agente o distribuidor por la clientela generada en beneficio del empresario principal.

No obstante, la sentencia es en primera instancia y Orange ha asegurado que la recurrirá: «No estamos de acuerdo con esta sentencia, vamos a recurrirla y confiamos que en la siguiente instancia se podrá revisar». Además, incluso los propios afectados podrían también recurrir, ya que aspiran a recuperar lo máximo posible.

Desde hace tiempo, Orange mantiene un conflicto con varios de sus distribuidores por este motivo y por otros. Es por eso que los afectados se han unido bajo la plataforma Asafortel con el objetivo de hacerse fuertes contra la teleoperadora. De hecho, esta sentencia es la primera de otras diez demandas que aún están en proceso.

«La estrategia de Orange es llegar al estrangulamiento financiero»

«Orange nunca ha indemnizado. En unos casos, es la empresa la que rescinde el contrato, en otras, es el distribuidor el que se ha ido porque no aguanta, porque al final la estrategia de Orange es no pagarte las comisiones, te hacen invertir, te van ahogando y acaban bajando los ingresos hasta llegar al estrangulamiento financiero», denuncian desde la plataforma de afectados.

También por la vía penal

Pero el conflicto no transcurre sólo por la vía civil. El año pasado, la Fiscalía decidió investigar a la división española de Orange al considerar que existían suficientes indicios de que la compañía había podido cometer varios delitos contra sus agentes comerciales y distribuidores.

En esa línea, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional abrió diligencias previas después de que Asafortel presentase una querella en la que se acusa a la operadora de estafa, apropiación indebida, amenazas, coacciones y administración desleal.

Aquello no fructificó por la falta de coordinación, aseguran los afectados. Y es por ello que decidieron delegar sus acciones en un equipo profesional que coordina y dirige tanto las acciones jurídicas como las mediáticas. Ahora, esa estrategia está dando sus frutos y las demandas, como demuestra el caso de Mollet del Vallès, están empezando a tener éxito.