Isabel Rodríguez amenaza a las autonomías que no aplican la ley de vivienda con dejarlas sin inversiones

• María García Carrión
• Graduada en Economía y máster en Economía de la Escuela Austríaca. Dando mis primeros pasos como periodista en Okdiario.
• • 04/09/2025 20:30
  • Actualizado: 05/09/2025 09:56

Isabel Rodríguez ha amenazado a las comunidades autónomas (CCAA) con redirigir los fondos a otros ayuntamientos si no colaboran con el nuevo Plan Estatal de Vivienda: «Si éstas no se suman al mismo, entonces lo que estaba previsto para la comunidad autónoma, irá a los ayuntamientos que quieran comprometerse con políticas de vivienda».

Así lo ha señalado este jueves, 4 de septiembre, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha justificado su amenaza a las CCAA con la idea de que el Ejecutivo nacional tiene que «responder» a los ciudadanos ante la situación de la vivienda, aunque siguen sin cumplir sus promesas de construir 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible.

«En el próximo plan estatal de vivienda que trabaja el gobierno espero contar con la colaboración de la comunidad autónoma. Y si no lo hacen, lo siento, tengo que responder a los españoles y las españolas. Y les vamos a responder con más inversión y con más vivienda», al tiempo que ha añadido que si las CCAA «no se suman, lo que estaba previsto para la comunidad autónoma, irá a los ayuntamientos que quieran comprometerse con políticas de vivienda» ha espetado la política.

Tras indicar que los socialistas creen «en el estado, en la institucionalidad y en la responsabilidad de cada uno», ha reconocido que le gustaría que la Junta de Extremadura estuviera «estrechando la mano» con lo que el Gobierno central está planteando en materia de vivienda, con una propuesta que significa «triplicar la inversión» en el Plan Estatal (pasando de 56 millones a 300 millones en la región).

Con ello, y toda vez que la Junta de Extremadura «aún no ha dicho que sí» a esta propuesta, la ministra ha indicado que tiene la «solución», basada en la «ayuda» y la «intervención» de los ayuntamientos si es necesario.

«Este país está lleno de alcaldes que no escurren el bulto. Ni eximen la competencia escrita en el Estatuto de Extremadura. Asumen que cuando hay un problema está el alcalde para dar soluciones. Y esta ministra dice que al problema de vivienda le daremos solución con la cooperación, la ayuda y la intervención de los ayuntamientos, alcaldes y presidentes de diputaciones», ha apuntado.

De esta forma se ha pronunciado la ministra durante su intervención este jueves en Mérida en el acto del inicio del curso político del PSOE en Extremadura, y en el que han participado también el líder de los socialistas en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Mérida y alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

La crisis de la vivienda

En el acto de este jueves en Mérida, y tras reconocer que el de la vivienda es «el principal problema» al que el PSOE se enfrenta este curso político, y al que hay que darle «solución», Rodríguez ha destacado que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez «rescata a la gente, a la familia que hoy necesita una vivienda», el Ejecutivo de María Rajoy en su momento «rescataba a los bancos» y «echaba a la gente» de sus casas. Sin embargo, ha sido durante el Gobierno socialista cuando el precio de la vivienda ha batido récords históricos.

Así, pese a reconocer que la tarea de dar «solución» el problema de la vivienda en España «no es fácil», ha afirmado que el Gobierno central «lo va a conseguir», tal y como consiguió en su día poner en marcha la sanidad, la educación, las pensiones públicas, o la Ley de Dependencia, por ejemplo. «No es la primera vez que lo hacemos», ha espetado. Si bien es cierto que el Ejecutivo a implementado todas estas políticas, los resultados de estas son cuestionables.

De esta manera, Rodríguez se ha mostrado «convencida» de que para garantizar el derecho de acceso a la vivienda hay que abordar la cuestión «no como un bien de mercado», sino como una política pública, avalada por las administraciones públicas, «por todas», aunque de las pocas viviendas de alquiler asequible, un 80% habían sido construidas por el sector privado.