La insólita solución de un abogado para deshacerte de los okupas para siempre

• Blanca Espada @blank7133
• Redactora de contenidos en OkDiario. Escribiendo para blogs y empresas de contenidos digitales desde 2007.
• • 24/01/2025 08:45
  • Actualizado: 24/01/2025 08:45

La ocupación ilegal es uno de los problemas que más preocupa a los propietarios en España. En este contexto, el abogado José María Español ha propuesto una estrategia sorprendente y controvertida: «okupar al okupa». Este método busca evitar los largos y costosos procesos judiciales a los que suelen enfrentarse los afectados, pero también abre el debate sobre la necesidad de cambios legislativos en materia de ocupación.

La propuesta de José María Español consiste en recurrir a un tercero para que ocupe la vivienda que previamente ha sido usurpada. Según el abogado, esta táctica, que ya está siendo utilizada por algunas empresas especializadas, no implica acciones violentas ni ilegales por parte del propietario. «Cuando aparecen medios alternativos a la ley, quiere decir que esta no funciona», afirma Español en una entrevista. El abogado destaca que muchas empresas no sólo se dedican a desalojar inmuebles, sino también a facilitar personas que «okupan» al okupa. Estas prácticas reflejan un problema legislativo estructural, donde los propietarios se ven obligados a buscar soluciones fuera del sistema legal. Español denuncia además que, en muchos casos, los propietarios llegan incluso a pagar a los okupas para que abandonen su vivienda, algo que es del todo intolerable, ya que supone premiar a quien ha cometido un delito.

La solución de un abogado para acabar con los okupas

En declaraciones recogidas por Eldebate.com, José María Español subraya que las leyes actuales han permitido que las mafias saquen provecho de esta situación. Esto es especialmente grave en comunidades como Cataluña, donde la legislación autonómica ha servido como base para normativas nacionales que han perpetuado este problema. Español lamenta que España sea una «excepción europea» en cuanto a legislación que no protege adecuadamente la propiedad.

El abogado también señala que hay miles de viviendas ocupadas que podrían volver al mercado si las administraciones tomaran medidas adecuadas. «Si las administraciones se pusieran manos a la obra, podríamos incorporar estas viviendas al mercado y ayudar a resolver el problema de la vivienda», sostiene Español. Sin embargo, lamenta que las soluciones actuales beneficien más a las mafias que al pequeño propietario.

Requisitos de vulnerabilidad: una brecha en el sistema

Un aspecto clave del problema es la facilidad con la que algunos okupas pueden alegar vulnerabilidad para evitar el desalojo. Español denuncia que los requisitos para ser considerado vulnerable son demasiado amplios. Personas con ingresos inferiores a 1.800 euros, menores a su cargo o mayores de 60 años pueden acogerse a esta condición sin una verificación rigurosa. Según Español, «muchos se pueden considerar vulnerables» pero esto no significa que no puedan cometer abusos.

El abogado explica que los servicios sociales no siempre cuentan con los recursos necesarios para comprobar la veracidad de la información presentada por los okupas. De ahí que se elaboren informes con lo que las personas que están de okupas declaran, cuando posiblemente no sea cierto del todo.

La necesidad de protocolos claros

Según Español, es urgente establecer protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad que permitan intervenir de forma inmediata. Un caso reciente en Gerona ilustra esta necesidad. Un propietario accedió a su vivienda cuando los okupas estaban ausentes, pero la policía le obligó a abandonarla debido a un vídeo que los okupas mostraron como prueba de que habían estado en el inmueble durante las últimas 48 horas. Español aclara que este plazo no está recogido ni en el Código Penal ni en el Civil catalán. «De 48 horas se pasan a 48 meses» matiza y añade que «nos estamos quedando con menos argumentos para pedir al propietario que no acuda a los medios alternativos».

El abogado insiste en que estas lagunas legales permiten que los okupas prolonguen su estancia en las viviendas durante meses, complicando aún más la situación para los propietarios. También alerta del peligro que esto supone para los propios okupas en inmuebles que, en muchos casos, no son seguros ni habitables.

Cambios normativos urgentes

A partir de abril, se implementarán nuevas normativas que obligarán a los propietarios a realizar una mediación previa antes de interponer una demanda de desalojo. Español considera que esta medida solo incrementa la carga para los afectados y dificulta aún más el acceso rápido a sus viviendas. Además, critica que España sea una «excepción europea» en cuanto a legislación que no protege adecuadamente a los propietarios.

Español señala que «un propietario que quiera echar a un okupa va a tener que hacer una mediación y acreditar que ha intentado llegar a un acuerdo. Esto no solo afecta al mercado, sino también al derecho de propiedad».

José María Español deja claro que la solución a la ocupación ilegal pasa por una reforma legislativa que proteja tanto a los propietarios como a los colectivos vulnerables. «Es fundamental que los políticos demuestren con hechos, y no solo con palabras, su compromiso para solucionar este problema», concluye.

Mientras esto no ocurra, estrategias como «okupar al okupa» seguirán ganando terreno como última esperanza para los afectados. La pregunta que queda en el aire es si los responsables políticos estarán dispuestos a tomar medidas contundentes para cambiar este panorama.