Halloween en Celsa: 961 millones de deuda en manos de los fondos vencen hoy

Halloween en Celsa. Una deuda de 961 millones de euros del grupo siderúrgico en manos de fondos de inversión vence entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, desconociéndose hasta el momento oficialmente que van a hacer los acreedores.

Los cerca de 4.500 empleados de la compañía en España mantienen el aliento ante unas negociaciones a cara de perro entre los Rubiralta, la familia propietaria del grupo con sede en Barcelona, y los representantes de los fondos de inversión, liderados por Deutsche Bank.

Celsa lleva desde mayo de 2020 sin pagar las cuotas de un crédito denominado jumbo, de 961 millones de euros, en manos de los fondos de inversión. La compañía dejó de atender los pagos a los acreedores con motivo del impacto del Covid en su negocio, actitud que terminó por judicializarse. La deuda total del grupo es cercana a los 3.000 millones de euros, de los que unos 2.200 millones están en manos de los fondos.

En primera instancia, Celsa logró que el Juzgado atendiera las razones esgrimidas por las que había dejado de pagar a los fondos, pero la decisión está recurrida, tanto por los fondos como por la multinacional española.

Si los fondos decidieran ejecutar la deuda de los 961 millones de euros, accederían a las garantías otorgadas y los Rubiralta previsiblemente perderían el control de la compañía. Se trataría de una medida radical que podría poner en riesgo la actividad en Celsa.

La compañía considera que, de acuerdo a fuentes consultadas por este diario, al estar judicializado el crédito jumbo, los fondos no pueden ejecutar la deuda.

Las sociedades de inversión no revelan su estrategia en este sentido, pero la negociación con los Rubiralta se ha tensado de tal manera que cualquier decisión, por radical que pareciera, no es descartada. No obstante, fuentes consultadas por este diario cercanas a los fondos aseguran que, al estar en marcha un proceso de reestructuración, no ejecutarían las garantías.

Los Rubiralta sostienen que el interés de los fondos en Celsa es únicamente financiero, no industrial, sin intención de invertir en el desarrollo del grupo, y que pretenden llevarse el control de la compañía a Luxemburgo habiendo impuesto unas condiciones de financiación cercanas a la usura.

Los fondos acreedores presentaron el pasado 26 de septiembre en el Juzgado Mercantil número dos de Barcelona un plan de reestructuración proponiendo intercambiar 1.291 millones de euros de deuda por acciones y tomar el 100% del capital de Celsa.

En el comunicado en el que los fondos anunciaron la presentación de su propuesta de refinanciación, se afirmaba que estos han estado «buscando proactivamente una solución consensuada a la situación financiera de Celsa desde 2020». Y se aseguraba que la empresa «no ha hecho ningún intento razonable de llegar a un acuerdo comercialmente aceptable con sus acreedores, que han esperado pacientemente, con un acceso muy limitado a información (…)». Para los fondos, «resulta evidente que a los accionistas y gestores de la compañía solo les preocupa preservar los intereses finacieros de la familia Rubiralta y su control sobre el negocio, en lugar de los intereses de la propia empresa».

El acuerdo entre los Rubiralta y los fondos es clave para lograr recibir los 550 millones de euros de ayuda concedida por el fondo de rescate de la Sepi. Dicha ayuda está condicionada a que se firme un acuerdo entre las partes.

Celsa ha logrado recientemente extender el vencimiento de otra deuda, de circulante, debida a bancos españoles, cercana a los 500 millones de euros, por solo tres meses. Con los fondos de inversión la pelea es otra.